Lo sucedido con Sedes en esta legislatura da la medida exacta de la capacidad del Gobierno para resolver los problemas. Sedes es una empresa pública aplastada por una deuda de 88 millones de euros a los que no puede hacer frente. En su primera ley de reestructuración del sector público, el Gobierno de Javier Fernández incluía la venta de las acciones de la constructora. La enajenación de la empresa era la principal medida porque aportaba un ahorro real para el Ejecutivo, cosa imposible de lograr con otras propuestas meramente cosméticas. La subasta de las acciones constituyó un rotundo fracaso, pese al bajo precio que fueron puestas a la venta: en los libros de contabilidad estaban valoradas en 27 millones de euros y se ofertaron por menos de cinco. Con una deuda tan grande ningún empresario quiso comprar. Ante ese panorama el consejo de administración de Sedes aplicó un ERE para dos tercios de la plantilla que fue tumbado por el juez, al considerar que se había engañado a los trabajadores. Una vez readmitidos la mano de obra, el Gobierno se olvidó de Sedes, aunque siguió adelante con otras dos leyes de reestructuración del sector público que tienen en común no aportar ningún ahorro a las arcas de la Administración. Balance final: seguimos con el mismo sector público, las operaciones de venta han fallado y los agujeros negros aumentan por falta de ingresos.

Las empresas públicas y otros entes que están bajo la férula del Principado suponen una carga creciente para el Gobierno. Sedes, Sogepsa y la Zalia conforman un pasivo de cientos de millones que el Gobierno aplaza por la vía de créditos bancarios que resulta muy oneroso renovar. La postura del Gobierno socialista consiste en dar patada p’alante al balón y el que venga detrás que arree. Al final del mandato, el sector público del Principado estará en peor situación que al principio, pero el único objetivo del Ejecutivo es ganar tiempo y pasarle la patata caliente al que le suceda.

Hace muchos años que el Principado debería haberse desprendido de las acciones de Sedes. No tiene ningún sentido que un gobierno sea el principal socio de una constructora. No es un sector estratégico ni suple con su presencia ninguna carencia, ya que si de algo hay experiencia en España es de grúas y ladrillos. A Sedes le sucede lo que a tantas constructoras que les pilló la crisis con muchos activos en la mano y al desplomarse el mercado la riqueza se convirtió en deuda.