Al terminar el plazo estipulado para la venta de Sedes, Foro y PP coinciden en decir que el fallido intento de enajenación de la constructora del Principado ejemplifica el fracaso de la Ley de Reestructuración del Sector Público. Junto al precio marcado para la venta (casi cinco millones de euros), el Gobierno regional aspiraba a obtener un ahorro al desprenderse de los gastos de mantenimiento de la empresa, entre los que están las nóminas de sus 58 trabajadores. Al final, ni una cosa ni la otra: ninguna sociedad pujó por la compra de la constructora y el intento de desprenderse de la plantilla a través de un ERE fue anulado por el juez. Termina la legislatura como empezó, con Sedes gravitando con una deuda de 88 millones de euros sobre las espaldas de los sufridos contribuyentes asturianos.

Lo más simpático del asunto es que en el irreal proyecto de presupuestos del Principado para 2015, aprobado en el Consejo de Gobierno, y respaldado por el PP, aparecen unos ingresos por la venta de Sedes para financiar gastos e inversiones. El Gobierno fracasa en la venta pero presupuesta unos ingresos por la misma para cuadrar las imposibles cuentas regionales. El mismo PP que considera un fracaso la privatización de Sedes, y toda la operación de reforma del sector público, aprueba un proyecto de cuentas basado en unos cimientos tan firmes como la venta de la inmobiliaria. ¿Sabe Mercedes Fernández que Sedes tiene una deuda de 88 millones de euros? ¿Le preguntó a la consejera de Hacienda, con quien negoció el presupuesto, lo que iba a hacer con la citada deuda para poner en venta a la empresa? ¿Cree que se puede vender una empresa por cinco millones, valiendo en los libros de contabilidad 27 millones, y con un pasivo que triplica de largo ese valor? ¿Tienen cara de primos los empresarios del sector, supuestos aspirantes a hacerse con Sedes? ¿A qué juegan?

La reestructuración del sector público, con sus tres leyes, es un auténtico bluf del Gobierno de Javier Fernández. Fusiones y cambio de nombres, sin ninguna reducción de gastos. Ahí está la RTPA, con cuatro sociedades fusionadas en una, sin presupuesto y con una deuda de 13,7 millones, pidiendo que el Parlamento le suministre 25 millones para ir tirando. Sedes y la RTPA sustancian dos de las tres leyes de reestructuración. La tercera estará dedicada a un asunto de mera formalidad jurídica. Todo seguirá igual como corresponde a un gobierno inmovilista.