Cristóbal Montoro ha dado la sorpresa prenavideña haciendo de Papa Noel y Rey Mago, a la vez, con comunidades autónomas y ayuntamientos. La deuda de 85.000 millones de euros que tienen las comunidades autónomas con el Estado va a ser fácilmente amortizable porque la Administración acreedora (Estado) está dispuesta a suministrar crédito a los deudores sin interés. Un chollo de ese calibre jamás lo vio ningún deudor, ni público ni privado. El ministro de Hacienda va a devolver a los gobiernos regionales los intereses cobrados por los créditos concedidos con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde el año 2012, fecha en que se creó el FLA: otro gesto sin precedentes. También va a añadir un apéndice al FLA para pagar las deudas que tienen los gobiernos regionales con los servicios sociales de los ayuntamientos. Todas las medidas se concretarán y aprobarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el 23 de diciembre. El Principado ve bien las propuestas, siempre y cuando no lleven adheridas condiciones no desveladas.

De las asombrosas medidas de Cristóbal Montoro se desprenden bastantes conclusiones. La más evidente es que el Gobierno de Rajoy anticipa el año electoral con regalos por doquier para mejorar su chance ante las urnas. Dejar reducidos a cero los intereses de los créditos que el FLA concede a los gobiernos autonómicos supone un premio extra para Cataluña que debe 32.000 millones. El Gobierno se olvida del déficit público e invita a las comunidades autónomas a derrochar, ya que el mismo Estado que iba a penalizar el despilfarro de las regiones será el encargado de regalar créditos a coste cero. La renuncia a negociar otro modelo de financiación autonómica trata de compensarla el Ejecutivo por la vía del dinero barato y abundante a las regiones. Cristóbal Montoro quiere acabar con la deuda sanitaria y considera que de esa manera acallará las quejas de los gobiernos autonómicos. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que estuvo precedida de 27 borradores, queda en agua de borrajas porque Montoro ha optado por financiar directamente a regiones y ayuntamientos. Autonomías y consistorios quedan reducidos a la minoría de edad que supone poder gastar sin responsabilizarse del quebranto económico causado a la propia Administración. Última conclusión: la cercanía de las urnas trastorna más que un buen cava.