Los barones regionales reflexionan sobre la conveniencia de acogerse a la financiación que ofrece Cristóbal Montoro. Tanto las regiones cumplidoras con los compromisos macroeconómicos (Madrid o Galicia) que tienen el déficit público embridado, los pagos a proveedores satisfechos dentro del periodo marcado y la deuda contenida, como las regiones que presenta un cuadro de cuentas descompensado (Cataluña o Valencia), podrán obtener crédito del Gobierno sin intereses. De una ganga así no disfrutaron nunca las administraciones territoriales, sin embargo, los ejecutivos autonómicos se hacen de rogar y no aclaran si se apuntarán a la oferta de Montoro o recurrirán al mercado para refinanciar sus deudas. La causa de sus dudas estriba en que temen perder margen de maniobra para gobernar si el Ministerio de Hacienda impone duras cláusulas para acogerse a la línea de crédito oficial.

La falta de respuesta de las autonomías, sus fingidas dudas, me parece un mero artificio, porque no están en condiciones de rechazar una propuesta tan ventajosa. La financiación en el mercado crediticio es más cara, y también conlleva cláusulas condicionales: ningún banco da dinero sin asegurarse la devolución con cobro de intereses. El problema de la deuda, que crece de trimestre en trimestre, no está resuelto, así que la puerta de la financiación privada está prácticamente cerrada. De hecho, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se creó el año 2012, cuando Cataluña cayó en la insolvencia al no poder devolver el dinero captado por los llamados “bonos patrióticos” de la Generalitat. El Gobierno de Rajoy creó aprisa y corriendo el FLA para evitar que se ahogaran los nacionalistas. Por duro que les resulte a los gobiernos autonómicos, capaces de caer en prácticas abyectas (elevar muros burocráticos para impedir que las empresas foráneas puedan ganar concursos públicos, o que ciudadanos de otras regiones puedan ganar oposiciones en sus feudos), tendrán que reconocer que sus soflamas de autogobierno resultan patéticas al tener que depender del Ministerio de Hacienda para financiar los servicios públicos.

El Principado recurrió al crédito oficial en 2012 y 2013, y en 2014 se financió con recursos bancarios. Puede insistir en esta última vía, pero perderá, con el pago de intereses, todo lo que espera recaudar con la tasa por depósitos bancarios. Los gestos de orgullo se pagan caros.