Las comparecencias en la comisión de investigación sobre el “caso Villa” dividen a los grupos políticos. PSOE y PP quieren ceñirse al origen de la fortuna del ex secretario general del Soma, mientras que Foro y UPyD pretenden contar con un amplio abanico de testigos, como ex presidentes del Principado, antiguos secretarios de Estado o responsables de Hunosa. Socialistas y populares aseguran que no hay tiempo para abarcar una investigación tan amplia como la que plantean Foro y UPyD, con cientos de miles de folios y docenas de comparecientes. Es cierto, acabará la legislatura sin poder revisar la mitad de la mitad de la documentación solicitada, pero su objeción oculta una motivación política: Foro y UPyD pretenden examinar la gestión de los fondos mineros, mientras que PSOE y PP no quieren ni oír hablar de esa posibilidad. Ejemplo de ello es que los socialistas rechazan todas las peticiones de Foro, excepto las compartidas por todos los grupos, como la presencia de José Ángel Fernández Villa, José Antonio Postigo o Juan José Pulgar, para contar con sus respectivos testimonios. Es difícil afirmar que se quiere conocer el origen oculto del patrimonio de Villa, acogido a la amnistía fiscal, y vetar cualquier investigación sobre los fondos mineros. Aunque sólo sea en términos de oportunidad o tentación de hacerse rico, nada tan relevante en la trayectoria del líder minero como las sustanciosas sumas de dinero contenidas en los fondos que sirvieron para financiar decenas o centenares de proyectos en las cuencas mineras. Dejar fuera del expediente investigador a los fondos supone arriesgarse a dejar en paradero desconocido el origen de la fortuna.

IU mantiene una actitud intermedia, aunque más cercana a socialistas y populares, porque temen que la prolongación del debate sobre la conducta de Villa sólo sirva para dar munición electoral a Podemos, su principal competidor. Es preciso recordar también que Foro y UPyD exigen la presencia de Álvarez Areces en la comisión, lo que puede suponer un ligero incordio para IU, ya que formó parte de los gobiernos de coalición del ex presidente del Principado durante los años en que se gestionaban los fondos mineros.

Todas las posturas responden a estrategias de partido. Es fácil entenderlas. Pero lo que no es de recibo es que un partido vete las comparecencias que solicita otro. Ningún grupo parlamentario debe hacer de abogado defensor.