Dentro del complejo sistema de financiación de los entes territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos) existen las entregas de dinero del Estado a cuenta de los futuros ingresos del ejercicio. Al empezar el año, el Ministerio de Hacienda calcula cuánto va a recaudar y envía el dinero por adelantado a gobiernos regionales y consistorios municipales. A ejercicio vencido se vuelven a echar las cuentas, y cuando el cálculo ministerial fue optimista, ayuntamientos y comunidades autónomas tienen que devolver parte del dinero recibido; en el caso de haber realizado una previsión restrictiva, el Gobierno central envía otra partida complementaria. Esa es la teoría que no se cumple exactamente en la práctica, porque el Gobierno envía siempre una cantidad excesiva que funciona como un crédito sin intereses. Y no sólo eso, porque los retornos se hacen de forma escalonada…

Para 2015, Cristóbal Montoro acaba de elevar a 245 millones de euros la cantidad que recibirán los ayuntamientos. Un 6% más que en 2014. Tres veces más que las expectativas de crecimiento del PIB. El ministro de Hacienda se ha vuelto decididamente optimista o ha resuelto poner la parte más sensible de la maquinaria estatal en clave electoral y para ello nada mejor que regar de dinero a las regiones y a los municipios. Hace unos días animaba a los gobiernos autonómicos a pedir dinero al Estado, exento de intereses, y ahora suministra reforzante vitamínico a los ayuntamientos. En años de elecciones, alcaldes y presidentes autonómicos tiran de largo, así que los regalos de Cristóbal Montoro les servirán para cebar el motor del gasto como en los años de bonanza. Cuando hayan pasado las elecciones los nuevos gobernantes tendrán que enderezar las cuentas que habrán quedado maltrechas con tanto estímulo artificial. La Comisión Europea ya llamó la atención al Gobierno sobre la evolución del déficit en las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda contestó reformando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para facilitar más recursos a los barones regionales. La Generalitat catalana, con los reflejos proverbiales que tiene para todo lo relacionado con dinero, levantó la mano para pedir 6.200 millones. Ración doble para los señores de las ramblas.

Tras los anuncios de generosas entregas a los ayuntamientos y la reforma del FLA se puede decir que la Ley de Estabilidad queda suspendida por motivo electoral.