En el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), realizado por su director, el economista gijonés Ángel de la Fuente, se señala que la reducción del déficit público de las comunidades autónomas se llevó a cabo con fuertes ajustes de inversión. En vez de recortar gastos la operación de consolidación fiscal se centró en la inversión productiva, generadora de empleo y de nuevas dotaciones de servicios públicos. Tomando como referencia el año 2003, el nivel de inversión en 2014 fue del 50%. En Asturias el recorte fue aún más duro, quedando la inversión recortada en el 65%.

Lo que está ocurriendo con la inversión pública en España, y más aún en Asturias, es de juzgado de guardia. Aprovechando la confusión conceptual que se hace el personal con Estado y mercado se piensa que la inversión pública es propia de sistemas socialdemócratas fuertes, donde la iniciativa privada tiene un papel subsidiario. Sin embargo, las carreteras, los trenes, los hospitales, los puertos, infraestructuras clave para el desarrollo económico, resultan mayoritariamente financiadas por los estados. El stock de riqueza depende de la tasa de reposición de las inversiones. Si nos pasamos una década con un nivel de inversión bajo el país se empobrece. El pasado año, las administraciones públicas invirtieron 22.113 millones de euros, mientras las empresas privadas casi multiplicaron por siete la cifra (142.000 millones). La inversión de 2014 bajó al nivel de los años sesenta del siglo pasado: la España del iPhon invirtiendo lo mismo que la España del Seiscientos. Aunque parezca increíble hasta la arruinada Grecia invierte proporcionalmente más que España.

El caso de Asturias es particularmente sangrante porque el Gobierno socialista dijo que el empleo era su principal prioridad, y en la exposición del programa, el presidente Javier Fernández habló de líneas rojas en los servicios públicos que jamás traspasaría con ajustes en los gastos. Una cosa son los discursos y otro la práctica gubernamental. Los socialistas dieron prioridad al gasto corriente, manteniendo intacto el sector público con sus docenas de chiringuitos, y para ello no dudaron en dejar a la región sin inversiones. Pagamos altos impuestos para financiar las nóminas del personal contratado. Las rentas pasan de manos sin crear valor añadido. El objetivo de los “progresistas” son las labores de mantenimiento.