El objetivo de déficit público, para el año 2016, fijado por Cristóbal Montoro en el 0,3% del PIB para las comunidades autónomas es rechazado por los partidos de izquierda. Según Podemos está pensado para estrangular al Estado del Bienestar. Los dirigentes asturianos del partido de Pablo Iglesias recuerdan que PSOE y PP reformaron la Constitución para que primase el pago de la deuda. Por su parte, desde IU consideran que se trata de una maniobra artera del ministro de Hacienda para yugular el poder político del nuevo mapa autonómico, donde el PP se ha quedado en minoría. Consideran que con un objetivo de déficit tan bajo será imposible que los gobiernos autonómicos destinen recursos para llevar a cabo el rescate social, y que de esa forma Montoro contará con más dinero para gastarlo en la campaña electoral. En la víspera, Dolores Carcedo, consejera de Hacienda del Principado, había criticado el reparto de cuotas de déficit entre las administraciones, al considerar que había que elevar el techo de déficit para las regiones y recortarlo para el Gobierno central.

La cuestión del déficit público es un tema central en el debate político español y europeo. De cómo se resuelva dependen todas las políticas impositivas y de gasto. Digo esto porque en el reciente debate de investidura y en el acuerdo entre el PSOE e IU se evitó cualquier referencia, como si fuese una cosa de ministros y comisarios europeos. Ahora vemos que no es así. Mientras no haya una correlación de fuerzas favorable en la Comisión Europea para rechazar los diktat de Ángela Merkel, las consecuencias de saltarse la disciplina fiscal son tremendas: la prima de riesgo se elevaría rápidamente y los acreedores internacionales dejarían de suministrarnos crédito. Se puede discutir sobre el desfase anual de ingresos y gastos que permite el Ministerio de Hacienda (en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los consejeros autonómicos sólo tiene el derecho a escuchar y votar en contra), pero ejercer de epígonos de Varoufakis no pasa de ser una pose de salón –o de Parlamento- que no conduce a ningún sitio.

De todas las críticas de la oposición, la más acertada es la de Foro, cuando señala que el problema no está tanto en el déficit cuanto en el incumplimiento generalizado de las comunidades autónomas, con la complacencia de Montoro, que nunca aplica la ley y premia a las más díscolas con financiación extraordinaria y gratuita. Un desastre.