Desde la noche electoral, la clase política asturiana -como la de todas las comunidades autónomas- está volcada en una tarea novedosa, consistente en construir una nueva casa. Tras ningún otro proceso electoral los líderes de los partidos políticos se habían marcado un objetivo semejante. La propuesta estrella que está en los programas de gobierno es el rescate ciudadano (versión original de Podemos) o rescate social (copia de IU); también el recetario contra la corrupción constituye una de las vigas maestras de la nueva morada; el paso de servicios privatizados a la férula pública es otro de los materiales de la vivienda.
Se trata de un proceso que no estaba previsto, aunque en Asturias no nos hemos llevado sorpresas tan grandes como en otras regiones (imaginen la cara que les habrá quedado a Artur Mas, Miquel Iceta, Alicia Sánchez Camacho y compañía al ver a Ada Colau ocupar el despacho de alcalde/alcaldesa de Barcelona). Dejando a un lado las anécdotas, lo distintivo del intento es la capacidad para dejar a un lado la pesada realidad y hacer girar las instituciones en torno a sueños, ideales y deseos que estaban reprimidos. La retirada de bustos y el cambio de cuadros entran de lleno en la iconografía de los cambios de régimen. Esa es la idea acariciada. Los nuevos gobernantes juegan a impulsar una nueva transición que parte del actual Estado de Derecho y llega a una tierra promisoria gestionada por el gobierno de la gente.
A GASTAR
El acuerdo de investidura entre PSOE e IU, sin ir tan lejos en su contenido -porque el PSOE jamás lo hubiera firmado-, sí supone un catálogo de buenas intenciones, muy loables en su contenido, pero que no refleja para nada el peso de la responsabilidad que conlleva la tarea de gobernar. Los deberes quedaron fuera del acuerdo, la levadura del pacto es el gasto público.
En estas estábamos, cuando la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera hizo a los políticos asturianos despertar a la realidad. El ministro de Hacienda fijó un techo de déficit del 0,3% sobre el PIB para 2016, provocando la desilusión de los dirigentes de Podemos e IU y el malestar en el PSOE.
Cristóbal Montoro hizo muchas cosas raras a lo largo del mandato. Aplicó inflexiblemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a los ayuntamientos, y con las comunidades autónomas hizo la vista gorda. Tuvo la osadía de crear un fondo de financiación para los gobiernos autonómicos donde se puede tomar dinero a interés cero. Mientras llama a la austeridad, regala dinero para gastar. El resultado final es que las regiones tienen un problema grave de endeudamiento y el déficit público está incontrolado. No es muy congruente marcar un techo de déficit del 0,3% para 2016 y permitir que este año todos los gobiernos tirasen la casa por la ventana para ganar las elecciones. Lo confieso: no soy un admirador de Montoro.
Ahora bien, la tarea de contención del déficit público no es una invención del ministro de Hacienda, sino el primer deber puesto por la Comisión Europea al Gobierno de España. La respuesta de nuestros dirigentes regionales es decepcionante, porque consideran que el ministro o los consejeros de Hacienda autonómicos están en disposición de fijar las reglas del juego, como si reducir el déficit fuera una política opcional.
LA IZQUIERDA
Entre las tres fuerzas de izquierda, Dolores Carcedo es la que dio una respuesta más razonable, aún dentro de su falta de razón. Para nuestra consejera de Hacienda, el Gobierno debería ceder cuotas de déficit a las regiones. Es un argumento conocido que se suele completar diciendo que las regiones financian la sanidad, la educación y los servicios sociales, así que deberían tener un techo alto de déficit, mientras que el Gobierno central podría reducir el suyo. No se dice que el Estado paga el subsidio del desempleo, los intereses derivados de la prima de riesgo y las grandes infraestructuras del territorio nacional. Así como multitud de convenios de colaboración firmados con las comunidades autónomas, donde les toca poner el dinero. Dejo a un lado el coste que supone el Ejército, la Policía, la atención a las catástrofes, etcétera. Y lo más gordo: el Estado financia la ruina de los gobiernos regionales, porque las entidades privadas no les suministran crédito.
Llamazares considera que la política contra el déficit resta dinero para el rescate social. Según Podemos el plan de Montoro busca estrangular el Estado del Bienestar. Son discursos traídos de Grecia.
Si el déficit se descontrola, aumentará la deuda, se elevará exponencialmente el pago de intereses, y las administraciones dejarán de pagar a los acreedores y a los proveedores. Es una secuencia inexorable que nadie puede rebatir. Las comunidades autónomas acabarían vendiendo sus inmuebles por cuatro cuartos, tras una subida dramática de impuestos que no daría fruto, porque las ubres de la vaca (sociedad) estarían ya secas. El discurso aparentemente más social llevaría al impago a funcionarios, perceptores del salario social, etcétera.
El problema de la izquierda asturiana (la derecha no se sabe muy bien qué piensa con respecto al déficit público) es que no quiere admitir la realidad. Y la realidad sólo la niegan algunos enfermos mentales y todos los menores de edad.