La presencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su entrevista con Rodrigo Rato, en el despacho ministerial, llega precedida de la denuncia del PSOE ante la Fiscalía, al ver indicios de prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de impedir delitos por parte del ministro. El titular de Interior, por su parte, trasladó a los servicios jurídicos del Gobierno la petición de estudio de posibles delitos por parte de los socialistas, tales como denuncia falsa, injurias y calumnias.

En el ecuador del agosto, la cita de Fernández Díaz con el ex vicepresidente de Gobierno de Aznar y director-gerente del Fondo Monetario Internacional está llamada a ser el litigio político del verano. Dos o tres semanas de dimes y diretes sobre la entrevista y de repente nos encontraremos en septiembre con el pistoletazo de salida de las elecciones catalanas. Las acusaciones del PSOE no son fáciles de sostener si no vienen acompañadas de datos que sirvan de apoyatura. Una cosa es el escándalo político y la petición de dimisión del ministro, que están justificadas, y otra muy distinta acusar a Fernández Díaz de revelación de secretos. ¿Cuáles son los secretos revelados? ¿Nos los puede decir el portavoz socialista, Antonio Hernando? Más disparatada ha sido, aún, la respuesta del ministro del Interior, al plantear la posible comisión de delito de los socialistas por injurias, calumnias y denuncia falsa. Resulta que Fernández Díaz puede reunirse con Rato, cuando está imputado por supuesto blanqueo de capitales, responsabilidad en la quiebra de Bankia y por el uso de las famosas tarjetas black, y la oposición no tiene derecho ni a pensar mal. Sabe perfectamente el antiguo gobernador civil de Asturias que el derecho de expresión de un diputado va mucho más allá del traslado de la denuncia a la Fiscalía. Sólo en los sistemas pseudodemocráticos se puede sentar en el banquillo a un diputado por hacer públicas esas acusaciones.

Una vez más, ante un escándalo relacionado con conductas irregulares, el PP responde enrocándose. Rajoy ya anticipó que Jorge Fernández Díaz no diría nada extraordinario en el Congreso de los Diputados, y el coro de voces popular repitió de forma desafinada que la reunión de un ministro con un imputado, en el despacho oficial del primero, es algo muy normal. Vamos, que ocurre a diario en EEUU, Francia, Dinamarca o Australia.