El Consejo de Gobierno ha aprobado la estructura del nuevo Ejecutivo de Javier Fernández que constará de ocho consejerías, dos viceconsejerías y 38 direcciones generales. Casi una copia del organigrama del anterior mandato, con el añadido de dos direcciones generales, una de ellas correspondiente a la participación ciudadana, para “fomentar la transparencia de la actividad administrativa e informativa”, en palabras de Guillermo Martínez, y la otra relacionada con la planificación de los servicios sociales. Según el consejero portavoz, con la estructura aprobada se pretende “ganar en eficiencia”. Va a ser difícil que el Gobierno gane o pierda algo a causa de la estructura propuesta, ya que es un calco de la que había hasta ahora. Se podrá gobernar mejor o peor, pero la razón de la mejora o el empeoramiento será atribuible a otras causas, empezando por la llegada de nuevo personal a los cargos. El consejero portavoz habla de ganar en eficiencia, pero en esa cualidad no será fácil la mejora, ya que implicaría un ahorro de recursos y según el PP van a gastar medio millón más de euros en sueldos. Si hubiera hablado de ganar en eficacia, sería más creíble, aunque la práctica será quien a la postre califique el funcionamiento de la Administración.

IU dice que los cambios son muy superficiales y que hay mucha continuidad. El presidente no es una persona proclive a sorpresas y grandes cambios, así que cualquier expectativa en ese sentido estaba destinada, de antemano, a quedar defraudada. En cualquier caso, el elemento más destacado de la Administración viene dado por los titulares de las consejerías, y de ocho departamentos, cuatro están dirigidos por políticos que no tenían ninguna responsabilidad en la anterior legislatura.

Al empezar los mandatos la curiosidad se centra en los nombramientos de personal. En los últimos veinte años ha habido un cambio profundo en este apartado. Antes, la incorporación a los altos cargos de la Administración suponía un enriquecimiento del currículum, mientras que ahora las elites profesionales se mantienen alejadas de los gobiernos autonómicos. La gente que más sabe sobre industria, empleo, hacienda, sanidad, medio ambiente, educación o agronadería no contempla formar parte de un gobierno. Los presidentes los llaman para charlar y conocer su opinión sobre los asuntos candentes, pero no logran que den un paso al frente y se incorporen a la gestión.