2015 estaba señalado en el calendario político como año electoral. En marzo hubo comicios autonómicos en Andalucía, en mayo elecciones municipales en toda España y autonómicas en trece regiones, en septiembre habrá elecciones catalanas, y en diciembre elecciones generales (hay que descartar que los comicios para elegir diputados y senadores tengan lugar en noviembre, porque Rajoy apurará el calendario todo lo que le permita la ley, para ver si la mejora del empleo y la borrachera del consumo le permiten sacar unas décimas más de porcentaje de votos). En los periodos electorales el gasto público se eleva porque los gobiernos tratan de ganarse el favor de los ciudadanos con todo tipo de regalos (subvenciones, inversiones) sin reparar en el coste que tengan para la Administración. Es un comportamiento generalizado en todo tipo de coyunturas por gobiernos de cualquier signo. Cuando van siete meses largos de año electoral el gasto se ha disparado, hasta el punto de que casi todas las comunidades autónomas llevan camino de superar el techo de déficit público que estaba marcado en el 0,7% del PIB para el presente ejercicio. El Principado también sucumbió a la tentación de gastar más de la cuenta para obtener un resultado electoral positivo.
En términos de equilibrio económico, las prácticas seguidas por los gobiernos han sido nefastas, aunque al ciudadano medio no le preocupe el aumento del déficit. El terreno perdido en 2015 deberá recuperarse en 2016, porque las autoridades comunitarias y el comportamiento de los mercados son ajenos a las circunstancias que atraviese el curso político de un país concreto. En este punto hay que decir que el Gobierno central colaboró decisivamente en la expansión del gasto público, al alterar las normas que regían la concesión de créditos a las regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Hace tres años, cuando se creó este fondo, el Estado prestaba dinero a los gobiernos regionales a un interés superior al 5%, y en pleno año electoral decretó que los préstamos no devengarían intereses. De esa forma Montoro declaró barra libre para gastar.
De resultas de todo lo anterior se puede concluir que las cosas se complican mucho para el Principado, y el resto de autonomías, a la hora de confeccionar los presupuestos de 2016, con el techo de déficit fijado en el 0,3%. No se pasa de la expansión al duro ajuste de un día para otro. Se acaba el tiempo de la demagogia.