Cristina Coto pide al Principado que recurra ante los tribunales el reparto entre administraciones del déficit público por considerarlo injusto e insolidario. La presidenta de Foro va a trasladar a la Cámara una iniciativa sobre la materia en cuanto se inicie el curso parlamentario, al considerar que el Gobierno de Rajoy aplica la ley del embudo al reservar para la Administración central la mayor cuota de déficit, dejando sólo unas décimas del mismo (en 2016, el techo para las regiones será el 0,3% del PIB) para las comunidades autónomas. También considera que determinados territorios se saltaron el techo del déficit, año tras año, sin ser censurados por el Ministerio de Hacienda y recibiendo como premio un modelo de financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se diseñó a la medida de las necesidades de Cataluña, un territorio que jamás cumplió con su obligación de nivelar gastos e ingresos.

En líneas generales el planteamiento de la portavoz de Foro es correcto. Desde el primer día de la legislatura, Mariano Rajoy señaló que la reducción del déficit público era el gran objetivo de su mandato. A la hora de la verdad, el presidente del Gobierno apoyado, en la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, permitió que determinados ejecutivos regionales, particularmente el de Cataluña, se saltaran la norma, sin aplicar ninguna medida coercitiva para obligarles a cumplir lo señalado. Como la divergencia entre el pequeño grupo de comunidades cumplidoras y el resto era enorme, Montoro hizo una propuesta para el año 2014 de reparto de déficit a la carta, de tal modo que Asturias tenía un tope muy estricto, mientras que Cataluña, Valencia, Baleares, etcétera, gozaban de un margen amplio. Injusticia sobre injusticia.

Así como el tratamiento dado a las comunidades autónomas fue desigual y arbitrario, no resulta tan fácil de valorar la discriminación entre administraciones. Cristina Coto, como la mayoría de los políticos que trabajan en cámaras autonómicas, considera que el Rajoy pone un techo muy alto para la Administración estatal y muy bajo para las regiones. Los líderes regionales tienen muy presente la factura de la sanidad o la educación, pero no quieren ver que la subvención para los trabajadores en paro o las amortizaciones y lo intereses de la deuda corren por cuenta del Estado. Por la vía del contencioso va a ser difícil anular el reparto del déficit.