Tras tres meses de demandas y anuncios incesantes de ampliación de derechos sociales, el grupo parlamentario de IU cayó en la cuenta: se precisan más ingresos. En efecto, el dinero no cae del cielo. En argot popular se podría preguntar: ¿cómo se paga la fiesta?
IU ha exigido un programa de rescate social (infancia, tercera edad, desahuciados de la vivienda, etcétera), también ha solicitado el relanzamiento de la inversión pública y quiere un reforzamiento de los servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales). No se ha cuantificado el dinero que se necesita para llevar a cabo ese plan de mejoras sociales, pero es fácil suponer que elevará la factura por encima de los ingresos actuales del Principado.
Para hacer viable las mejoras, desde IU se habla de implantar tributos medioambientales, de tal forma que sean las empresas las que costeen el plan, sin que las capas más desfavorecidas de la sociedad tengan que pagar un euro. Así de fácil.
La propuesta cuenta con un precedente cercano: la tasa por uso de montes que se iba a implantar a las empresas eléctricas y de comunicaciones. También se podría cobrar una tasa a los montañeros por pisar los prados gratis, o a los cazadores por sacar beneficio de bienes públicos, o a los que suben a Los Lagos de Covadonga por disfrutar de un paisaje singular sin contribuir a mantenerlo. No nos engañemos, se trata de hacer pagar a quién señale el poder con el dedo, la disculpa se busca luego.
Las empresas eléctricas y de comunicaciones no operan como el tendero de la esquina, así que tras recibir el anuncio de la tasa, la incorporan como un coste a la cuenta de explotación y elevan la factura que cobran a sus clientes en la misma proporción. Resultado final, no les cuesta un euro tener postes y antenas por los montes y a los perceptores del salario social, a los parados o a los que cobran el salario mínimo les saldrá más cara la factura de la luz y el teléfono. Con el impuesto a la banca ocurre otro tanto de lo mismo, que la carga de la recaudación se traslada a los usuarios de los servicios bancarios: jubilados, parados, mileuristas, etcétera.
INFIERNO FISCAL
De forma preliminar, antes de aprobar ningún nuevo tributo, habría que plantearse si en Asturias se paga mucho o poco a Hacienda. La duda se resuelve en seguida, viendo el IRPF autonómico, observando el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o constatando que somos la comunidad autónoma donde hay un porcentaje más elevado de ciudadanos que renuncian a las herencias. Realizada la comparanza, concluiremos que tenemos tanto de Paraíso Natural como de infierno fiscal.
En consecuencia el margen de aumento de la presión fiscal es mínimo -en caso de haberlo-, al menos si tomamos como medida la media del conjunto de comunidades autónomas. Si se quiere crear un territorio más atractivo para las inversiones habrá que descartar las alzas fiscales. El dinero es muy sensible a los entornos hostiles y salta de un territorio a otro a la velocidad de la luz. No se puede mantener el discurso de las mejoras competitivas de Asturias penalizando a las empresas.
Llegados a este punto, hay que valorar si todas las ventajas sociales que se quieren financiar son rigurosamente irrenunciables. En caso de serlo, hay que iniciar el camino opuesto: la reducción de gastos. Los diputados de IU han advertido que no van a aceptar en la negociación presupuestaria que el Gobierno de Javier Fernández les muestre las cuentas cerradas, porque quieren partir de un presupuesto cero y revisar todas las partidas, una a una. Ese es el método correcto.
Si se hace con rigor se podrá evaluar si todos los gastos son necesarios, si es preciso contar con ochenta chiringuitos, si es aceptable que el Principado pague 36.000 nóminas, si los asturianos podemos sostener una Administración diseñada en los tiempos de bonanza, cuando el IRPF o el IVA aportaban más dinero para pagar los caprichos que los gobernantes cargaban sobre la Hacienda pública.
DEMAGOGIA
Hay que tener en cuenta que en 2016 el desfase entre gastos e ingresos (déficit público) no podrá superar el 0,3% del PIB y que en 2018 deberá ser cero. Ante este panorama habrá que optar entre recortar el tamaño de la Administración o renunciar al aumento del gasto social. Me temo que en la mente de los líderes de los tres partidos parlamentarios de izquierda de la región no está ni reducir el volumen de la Administración ni renunciar a los nuevos programas de gasto (rescate ciudadano, aumento de la inversión pública, reforzamiento del gasto sanitario y educativo) ni cumplir con el techo de déficit. Ante la imposibilidad de aportar una solución, prefieren cambiar el enunciado del problema.
Me atrevo a calificar de alarmante la falta de realismo que existe en la actualidad en la clase política asturiana. Hay una mezcla de exceso de ideología y abuso de demagogia que prohíbe llamar a las cosas por su nombre. Por eso creo que es urgente realizar un debate parlamentario sobre la materia, antes de ponerse a jugar con las cosas de comer. Aún podemos evitar los errores, no vaya a ser que dentro de un tiempo haya que aprobar, urgentemente, otro plan de rescate destinado al Principado.