Los grupos parlamentarios aprovechan el tiempo inhábil de la Junta General del Principado para registrar iniciativas legislativas que se abordarán en el mes de septiembre cuando se inicie el curso político. Varios partidos piden retomar la Ley de Buen Gobierno y la Ley de Transparencia, que se tramitaron en los últimos meses del anterior mandato y no fue posible aprobarlas por la inmensa cantidad de errores que contenían, de tipo material y formal. El PP quiere que ambas normas queden refundidas en una sola y Ciudadanos se interesa por las novedades que incorporen a la legislación básica del Estado. Este último asunto es muy pertinente, porque aprobar normas autonómicas que se limiten a repetir lo que ya ha sido legislado por las Cortes Generales es absurdo. Dentro del despropósito de los dos proyectos de ley sobre el Buen Gobierno y la Transparencia, del anterior mandato, descollaba el sinsentido de plantear exigencias de transparencia más laxas que las recogidas en la legislación del Estado. Esperemos que esta vez haya una clara mayoría parlamentaria en torno a la nueva norma, y que plantee unas exigencias superiores a las aprobadas en el Congreso de los Diputados. Al grupo socialista no le quedará otro remedio que aceptar las demandas de los partidos de la oposición.
La transparencia es un concepto que funciona como un comodín en los discursos. Se presenta como un ejemplo de democratización, al facilitar a los ciudadanos el acceso a la información, y como vacuna contra las prácticas corruptas, lo que no deja de ser una forma muy optimista de valorar las cosas. Pensar que las layes impiden las conductas delictivas es puro idealismo. La corrupción no conoce antídotos. Contra las modas no se puede luchar y el Principado tendrá su Ley de Buen Gobierno y Transparencia, que se incorporará al inventario de avances logrados en la presente legislatura.
Con tanta preocupación por la transparencia los grupos parlamentarios asturianos siguen las pautas de la corrección política. Están más pendientes de las prácticas del buen gobierno que de la financiación del rescate ciudadano, del más que probable incumplimiento del déficit público y del creciente endeudamiento. Muy finos para valorar las exquisiteces de los protocolos administrativos, pero refractarios ante los problemas que padece Asturias y hacen que nuestra región viaje en el furgón de cola del tren de las autonomías.