En el Congreso de los Diputados se van a votar 13 enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Todos los grupos de oposición han registrado la suya, con la excepción de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Como el Partido Popular goza de una holgada mayoría absoluta en la Cámara baja, las 13 enmiendas serán rechazadas. Enrique Álvarez Sostres ha afirmado que el Gobierno de España trata a Asturias “como una colonia sin valor, condenada a sumirse en el pozo del abandono y la marginación nacional”. El diputado de Foro considera que el PP utiliza las cuentas de 2016 “como propaganda electoral, despidiendo un fuerte olor a falta de credibilidad y tradicional incumplimiento”. Los sucesivos presupuestos del PP tendrían unos “efectos devastadores”, según Sostres, ya que la disminución de las inversiones alcanza el 40% a lo largo de la legislatura, con una ejecución presupuestaria muy baja. Argumentos más que suficientes para rechazar, desde la perspectiva asturiana, las cuentas de Rajoy y Montoro.

Como se trata de valorar cifras, es muy fácil llegar a una conclusión negativa sobre el tratamiento que reservan los presupuestos estatales para Asturias en 2016. Somos junto a Murcia, Castilla-León y Cantabria las comunidades donde más baja la inversión. El descenso inversor es del -7,1% en 2016, mientras aumenta el 12% en Cataluña y el 23% en el País Vasco. En términos comparativos ningún Gobierno de España trató tan mal a nuestra región, a lo largo de una legislatura, como el Ejecutivo de Rajoy.

Sostres solicitó del Principado la presentación de un recurso contra los presupuestos basándose en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), porque las cuentas no contemplan la provisión de recursos económicos suficientes para que Asturias atienda las competencias que el Estado le confiere. Me parece una iniciativa tan novedosa como condenada al fracaso. ¿Podría decirnos Sostres cuál es la cuota mínima de recursos para cada región, por debajo de la cual los presupuestos del Estado vulneran la ley? Meter a los jueces en ese berenjenal es absurdo. Hay que distinguir qué cosas se pueden reclamar en los tribunales (ejemplo, convenios anulados de fondos mineros) y cuáles corresponden exclusivamente al debate político. La reflexión crítica a realizar desde Asturias es otra: qué ocurre para que el Estado nos ningunee, año tras año, sin sufrir ningún coste.