Las declaraciones de Pedro Luis Fernández: “si un gobierno no es capaz de llegar a un acuerdo presupuestario tiene que renunciar a su cargo, porque el mandato del pueblo es que nos gobierne”, no cayeron en saco roto. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, señaló que es difícil alcanzar un pacto sobre los presupuestos con una Cámara fragmentada, aunque reconoció que la pluralidad debe compatibilizarse con el funcionamiento de las instituciones.

Las palabras del presidente de la Fade requieren de matizaciones. No puede haber una relación de automatismo entre rechazo presupuestario y cambio de gobierno. En unos casos la dimisión es obligada y en otros resulta una respuesta excesiva. Si tuviera carácter de norma general, la oposición tendría en sus manos un arma poderosísima. En las naciones que tienen un sistema electoral mayoritario, favorecedor de gobiernos con mayoría absoluta, puede ser una pauta aceptada de funcionamiento, pero los países regidos por sistema electoral proporcional, que propicia la pluralidad de la Cámara, hay que analizar las circunstancias de cada caso concreto.

Las declaraciones de Pedro Luis Fernández tienen la virtud de dar un aviso al Ejecutivo. En nuestra región, gobernada casi siempre por la izquierda, la responsabilidad de sacar adelante las cuentas se echa sobre las espaldas de la oposición y eso es de todo punto absurdo, porque se trata de una iniciativa que debe llevar adelante el Ejecutivo. Aquí hemos visto cómo los gobiernos confeccionaban las cuentas sin contar con nadie y, a continuación, se pedía a la oposición que las aprobara. Si surgían problemas en la negociación, la presión se ejercía sobre la oposición para que rebajara sus exigencias. Si el intento se saldaba con fracaso, la culpa era siempre de la oposición. De todo esto sabe IU un rato.

Desde el inicio del mandato, los socialistas saben que gobiernan apoyados en una minoría exigua de diputados, que no llega a ser un tercio del Parlamento. La primera obligación de todo gobierno en una democracia parlamentaria es hacerse con una mayoría capaz de aprobar leyes y de protegerse contra posibles censuras de la oposición. Los programas hay que adaptarlos a esa realidad, aunque en Asturias no haya esa costumbre. Cuando gobernaba Cascos, el PSOE apoyó una enmienda a la totalidad del PP y le tumbaron las cuentas. Decían que no sabía dialogar. Ahora toca examinar al profesor.