En el primer pleno parlamentario en el que hubo ocasión de realizar preguntas al presidente del Principado, Gaspar Llamazares planteó la necesidad de contar con más ingresos acentuando la progresividad fiscal, sin que el presidente entrara al trapo. Javier Fernández aseguró que las prioridades del proyecto presupuestario son el empleo y los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y bienestar social), evitando la discusión sobre el espinoso asunto de los impuestos.

La futura negociación de los presupuestos, entre PSOE e IU, tendrá un capítulo importante en los servicios públicos. Orillada la perspectiva de la revolución, los partidos de izquierda tienen como gran objetivo, en los países europeos, la defensa del Estado del Bienestar. Convertido Marx en antigualla, el autor de referencia de la izquierda es Keynes desde que cayó el Muro de Berlín. En este terreno del gasto público la discusión entre los dos partidos es meramente cuantitativa, si el PSOE propone, por ejemplo, aumentar la cobertura presupuestaria de la sanidad en un 2%, IU exige que se eleve al 4%. No hace falta decir que ser más rojo implica poner la cifra más alta. Cuando se debate sobre números, sin otro soporte de referencia, la discusión tiene un recorrido corto. No hay forma de estar tres semanas peleando por aumentar el dos o el cuatro por ciento, ya que la vía del acuerdo es muy sencilla: apretón de manos sobre el tres por ciento. Este ejemplo imaginario ha centrado durante años las polémicas presupuestarias de PSOE e IU. El argumentario del Gobierno siempre está relacionado con la escasez de recursos para tantas demandas, poniendo como prueba los informes de los técnicos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria también condiciona ahora los sueños de IU.

El punto sensible de la negociación son los impuestos, con la propuesta de nuevas figuras fiscales (fiscalidad verde) o la revisión de las ya conocidas. Ahí el cambio no es cuantitativo, sino cualitativo. En la cuestión de los tributos, el PSOE carece de margen para hacer concesiones. En la sociedad asturiana ya caló la idea de que estamos a la cabeza de la presión fiscal en la España de las Autonomías. Si se quiere espantar inversiones, deslocalizar empresas y provocar cambios de residencia no hay nada mejor que elevar el listón de la fiscalidad. Los socialistas no pueden ceder. Veremos si IU va de farol o se mantiene firme en sus principios.