El Gobierno regional está centrado en la gran operación del curso político, consistente en aprobar los presupuestos de 2016 sin contar con mayoría absoluta. No hay dudas sobre la importancia económica de las cuentas, pero aún es mayor el impacto político que produce su aprobación o rechazo. El presupuesto prorrogado se vive como una catástrofe, cuando económicamente no lo es, porque se pueden aprobar créditos extraordinarios, como se hizo en los años 2008 y 2014, mientras que la aprobación se interpreta como un certificado de estabilidad política, aunque pueden ser irrelevantes para el progreso de la región.

Calculados las cifras, el Gobierno de Javier Fernández perfila la estrategia del acuerdo, con los dos ojos puestos en Podemos, ya que la entente con IU está encarrilada desde la sesión de investidura y sólo hay que concretarla. La Consejería de Hacienda planea incrementar la partida del salario social, los recursos destinados a la vivienda, la cobertura a la pobreza energética, etcétera. Alguno de los incrementos no queda otro remedio que provisionarlo porque las demandas desbordan la cobertura destinada para 2015. El salario social es un buen ejemplo, que estaba hace pocos años en los 45 millones y en 2016 se acercará a los cien millones. En general, las cuestiones sociales son muy delicadas y resulta difícil negar dinero para ellas.

A favor de la estrategia de Javier Fernández juega el giro hacia la socialdemocracia impulsado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. La cúpula nacional de Podemos estaría encantada con un pacto en Asturias entre su partido y el socialismo gobernante. Otra cosa es lo que piensen Emilio León, Daniel Ripa y compañía. Al Gobierno socialista le basta la abstención de Podemos, ya que con los diputados de IU podría superar un hipotético rechazo del PP, Foro y Ciudadanos.
De todo esto, lo único realmente importante es el sesgo que toman unas cuentas orientadas en la dirección indicada. Los problemas de Asturias no se solucionan con sucesivos rescates ciudadanos, sino haciendo política para resolver los grandes problemas de la región. Si hace falta añadir veinte millones de euros al salario social para paliar las carencias de las familias más necesitadas, se aprueban sin perder ni un minuto discutiendo sobre ello. Pero el Gobierno tiene que centrarse en la Formación Profesional, la deuda, la falta de crecimiento, etcétera. Poner parches no es gobernar.