En la entrevista que hoy se publica en estas páginas, Dolores Carcedo, consejera de Hacienda y Sector Público, aborda asuntos de gran importancia para la región (presupuestos, impuestos, inversión pública, financiación autonómica, déficit público, crecimiento económico). Merece la pena comentarlos, aunque en el Parlamento constituyen temas menores en comparación con el rescate ciudadano, el compromiso con el carbón y la botella de sidra y cola.
La consejera de Hacienda, en una prueba de realismo, sólo ve la aprobación de los presupuestos formando un tres en raya con IU y Podemos. No hay otra alternativa. Implicar a Ciudadanos en el acuerdo conllevaría el descarte de IU. Puestos a afinar, la posición más ajustada sería el acuerdo entre PSOE e IU, con la abstención de Podemos. O hay cuentas públicas de la suma de izquierdas o prórroga.
La primera cuestión a valorar es si el rechazo del presupuesto es una catástrofe para Asturias. Dolores Carcedo afirma que no tener presupuesto supone un coste social importante; asegura que un escenario de prórroga implicaría la pérdida de muchos recursos. Sin embargo, la experiencia no conduce inequívocamente a esa conclusión. En el año 2008, el Gobierno de Álvarez Areces trabajó sin presupuestos; con la ayuda de dos créditos extraordinarios gobernó sin dificultades. Tanto es así que el entonces presidente no tenía ninguna prisa en retomar la sintonía con IU, pero la FSA era de otra opinión e impuso la vuelta a la mesa de negociaciones.
La prórroga no supone un contratiempo insalvable –la propia consejera lo reconoce en un momento de la entrevista: “los países y los gobiernos han funcionado con prórroga y no pasa nada tampoco”-, pero todo el mundo la interpreta como un fracaso político del gobierno de turno. Ese es el golpe que quiere evitar el Principado.
IMPUESTOS
Carcedo deja entrever que el presupuesto tendrá un marcado carácter social (“será un presupuesto que atienda las necesidades de Asturias, entre ellas las sociales”). Por el lado del gasto no habrá problemas, la sintonía del Gobierno y su previsible socio, o socios, está asegurada. Los inconvenientes pueden venir por la vertiente de los ingresos, que es tanto como decir por los impuestos. En este punto la consejera de Hacienda se muestra extremadamente cauta: ¿Impuestos ambientales? “El Gobierno analizará las propuestas fiscales que reciba”. La consejera afirma con rotundidad que “el presupuesto no admite una bajada indiscriminada de impuestos”, pero el pacto de izquierdas va en la otra dirección: subida de tributos.
Más allá de los condicionantes de la negociación presupuestaria el asunto a aclarar es si la presión fiscal asturiana está ya en su nivel máximo que en ningún caso se debe rebasar. Dolores Carcedo niega que Asturias sea un infierno fiscal (“en absoluto, en absoluto”), pero hay datos preocupantes, como que Asturias sea la región de toda España donde más gente renuncia a las herencias.
En la entrevista, hay tres asuntos –inversión pública, modelo de financiación territorial y déficit público- donde Dolores Carcedo deposita toda la responsabilidad en el Gobierno central. Admite la bajada de la inversión en el presupuesto, pero argumenta que con una política de estricta austeridad la inversión baja, no sólo en Asturias, también lo hace en España y en la UE, y recuerda que la principal responsabilidad de las comunidades autónomas está en los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). Es un razonamiento sólido, sin duda, no improvisa una disculpa, pero entonces habrá que colegir que la prioridad del empleo es un mantra del discurso político sin cobertura presupuestaria.
FINANCIACIÓN Y DÉFICIT
Sobre el modelo de financiación territorial, considera que “el actual modelo no responde a nuestras necesidades”, porque “hay variables que no están suficientemente ponderadas” y cita, el envejecimiento y la orografía. Tampoco está bien ponderado el impacto del volumen de población, en Madrid, Valencia o Cataluña, con la llegada de los inmigrantes, o la importante población escolar que tiene Andalucía. La consejera piensa en el lobby de regiones pequeñas con la misma problemática, pero la orografía, por ejemplo, no es algo que afecte a muchas regiones. Y si entramos en el caso asturiano nos encontramos con que la población que vive en zonas montañosas es muy inferior a la que había hace veinte años.
El objetivo de déficit público lo considera inasumible e injusto, por el desigual reparto de la carga entre el Estado y las comunidades autónomas. En definitiva que el modelo de financiación territorial se arregla aumentando el Gobierno de España la financiación de las competencias transferidas, y la consolidación fiscal debe moderarse dando oportunidad a un mayor déficit autonómico, aunque redunde en una mayor deuda.
Puede que la consejera tenga razón, pero siempre y cuando en la financiación de las competencias se excluyan todos los equipamientos abiertos por cuenta y riesgo de los gobiernos regionales. Con respecto al déficit público convengamos que lo que quita el Gobierno con una mano, lo devuelve aumentado con la otra por la vía del Fondo de Liquidez Autonómica. En España, los gobiernos regionales pueden hacer puenting, porque Montoro ya extendió la red.
Una entrevista para leer y discutir.