Los vínculos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se asemejan a las relaciones entre padres e hijos menores. Los adolescentes se quejan de falta de autonomía y escasez de recursos, pero saben que los denostados padres hacen siempre frente a sus gastos, incluyendo vicios inconfesables. En los siete primeros meses del año, el conjunto de comunidades autónomas pagaron 2.563 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior habían desembolsado 4.775 millones. Una bajada espectacular que se debe a la decisión del Gobierno de prestar dinero a cero euros de interés a las regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La decisión de Cristóbal Montoro supone un cambio cualitativo en la carga financiera que soportan los gobiernos regionales. En el caso de Asturias, la rebaja en el pago de intereses se queda en el 36,4%, al pasar de los 66 millones abonados en los siete primeros meses de 2014 a los 42 millones del presente ejercicio. Y todavía nuestros gobernantes dudaban si asomarse a la ventanilla de Montoro o acudir al mercado a solicitar crédito de los bancos.
Los datos económicos derrumban el discurso demagógico de Artur Mas que hace surf sobre la ola del “España nos roba”, y ve cómo gracias al Ministerio de Hacienda los intereses que debe pagar bajan de los 1.330 millones a los 550. Si una rebaja del 58% se denomina robo, se impone una revisión generalizada de conceptos económicos. El FLA se creó en el otoño de 2012, cuando la Generalitat estaba a punto de declararse insolvente para devolver el importe de los “bonos patrióticos” a los 130.000 ciudadanos que los habían suscrito. Rajoy consideró que había llegado el momento de salvar Artur Mas y dio instrucciones precisas a Cristóbal Montoro que creó un instrumento singular que anima a los manirrotos dirigentes autonómicos a gastar compulsivamente a cuenta del Ministerio de Hacienda. La Generalitat tenía que devolver 2.639 millones a los suscriptores de los bonos, a lo que había que sumar 208 millones en concepto de intereses. El escándalo estaba a punto de estallar, pero el Ministerio de Hacienda transfirió 2.849 millones a a la Generalitat y todo quedó controlado. Desde entonces el Estado funciona como banco-tonto o banco ruinoso que suministra dinero sin cobrar por sus servicios. No hay otro caso así en la Unión Europea. Cuando un padre actúa así, los hijos se convierten en reyezuelos del hogar.