La consejera de Hacienda se reunió con los seis grupos parlamentarios para entregarles un documento que sirva de guía para revisar el modelo de financiación territorial. Nada nuevo: ponderar al alza las variables de envejecimiento de la población y orografía del terreno, aumentar la autonomía fiscal de las regiones, excluir las balanzas fiscales de la discusión sobre el sistema de financiación y dotar con más recursos el Fondo de Compensación Interterritorial. Los mismos elementos que se apuntaron el pasado año cuando se habló sobre la cuestión.

Encuentro absurdo organizar ahora ese grupo de trabajo en la Junta General del Principado. Carece de sentido. Estamos a dos meses de las elecciones generales y la financiación autonómica no entrará en la agenda política hasta bien entrado 2016. La iniciativa la tendrá el futuro gobierno de España, cuya composición se desconoce. Lo más normal es que entregue un documento a las comunidades autónomas para fijar las grandes líneas del debate. Entonces será el momento de analizar el contenido y formular nuestros argumentos. Tratar de consensuar ahora una posición de todo el Parlamento asturiano es tan prematuro como inadecuado porque hace falta conocer primero los planes del nuevo Gobierno. En la actualidad, la voz cantante en el debate territorial la llevan los independentistas que están más interesados en dañar al Estado que en repartir cargas. A veces parece que el Parlamento asturiano trata de hacer cosas con el único objeto de transmitir sensación de actividad sin reparar en su utilidad.

Seamos claros. El nuevo modelo de financiación autonómica, si llega a aprobarse, no tendrá consecuencias positivas para Asturias. Somos una de las regiones a las que le corresponden más recursos del sistema de financiación por habitante. Valencia, Madrid, Andalucía o Cataluña se quejan. Las concesiones que haga el futuro Gobierno a los territorios poderosos serán a costa de regiones como Asturias. Sólo hay una vía para que la manta tape a todos, a ricos y a pobres: que el Estado ponga más recursos sobre la mesa. Así se logró aprobar el actual modelo, incrementando Elena Salgado los recursos del sistema en 11.000 millones de euros. Bruselas pide recortar 10.000 millones y el sustituto de Montoro va a poner otro tanto para contentar a los gobiernos autonómicos. No me parece un escenario realista. Pedir más solidaridad será clamar en el desierto.