Artur Mas acudirá hoy al “Parlament” para protestar por la última redada realizada por la Guardia Civil contra la presunta corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). El presidente de CDC y de la Generalitat catalana se envolverá en la senyera, convirtiendo la actuación de la Justicia en una operación espuria del Estado contra los independentistas. Es un truco muy viejo. El primero en emplearlo fue Jordi Pujol, cuando convirtió la querella contra Banca Catalana en un ataque al nacionalismo catalán. Acababa de ganar las segundas elecciones autonómicas, y al verse junto a una veintena de directivos de le entidad camino del banquillo, aprovechó el discurso de investidura para decir “nos quieren confiscar la victoria y la honorabilidad”. El aparato de CDC había llamado a rebato y el voluntariado nacionalista llenaba la plaza de San Jaime, gritando, “somos una nación”, “Pujol presidente”. El banquero se fue arriba y dijo unas palabras que treintaiún años más tarde siguen constituyendo la demostración más espectacular de cinismo de la clase política: “el Gobierno de Madrid ha hecho una cosa indigna y a partir de ahora cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero ellos, no”. El Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona (más de cuarenta diputados) decidió que no había razones para procesarle. Ese fue el primer síntoma de que había nacido la intransigente Cataluña nacionalista y había muerto la Cataluña plural de los primeros años de la democracia.

Mas está en condiciones de reeditar hoy el rol jugado por Pujol en el “caso Banca Catalana”. Las mesnadas nacionalistas están dispuestas para ocupar la plaza de San Jaime y vitorear a Más como presidente. También él puede decir que está en condiciones de hablar de ética, moral y juego limpio, pero que el Gobierno de España no puede hacerlo. En el “Parlament” se puede decir cualquier cosa porque la Cámara está partida en dos y Mas sólo habla para los suyos. Lo que no pueden evitar ni él ni sus seguidores es que el tesorero de Convergencia resida en la cárcel por petición de la Fiscalía Anticorrupción, ante pruebas evidentes sobre la destrucción de documentos con presuntos contratos amañados: las obras para las empresas que pagaban el tres por ciento. La independencia significa la posibilidad de librarse de comparecer ante la ley y evitar dar explicaciones sobre presuntos latrocinios.