Los escándalos de corrupción tienen efectos fulminantes sobre la carrera de los políticos. Cualquier otro error o fracaso, incluyendo en esta última categoría la derrota electoral, no produce unas consecuencias tan devastadoras como la comisión de delitos relacionados con el ejercicio del cargo público. La corrupción en la política opera como los argayos en las carreteras: se llevan por delante todo lo que encuentran. La respuesta de los afectados suele oscilar entre el silencio hermético o la total negación de las evidencias. Normalmente las dos respuestas forman parte de la misma secuencia: primero se recluyen en casa y luego comparecen cargados de santa indignación contra las sospechas que recaen sobre ellos. Las garantías legales funcionan como flotadores para los políticos que naufragan en la charca de la corrupción. Nada se puede decir: “no estoy imputado”, “no recibí ningún requerimiento del juzgado”, “tengo ganas de comparecer ante el juez para aclarar todo”. Sin embargo, el análisis político y la valoración social no siguen las pautas del Derecho Procesal. Hay pruebas y testimonios que tienen una consistencia incontestable para la opinión pública, y los políticos dependen de ella. Se habla con frecuencia de la pena del telediario, pero lo verdaderamente grave es que el telediario sea una pena por culpa de los golfos.

A mes y medio de las elecciones generales, el PP asturiano sufre el argayo de la corrupción, que ya se llevó por delante a Joaquín Aréstegui, todopoderoso jefe del PP avilesino, y amenaza con arruinar el prestigio de Iglesias Caunedo, ex alcalde de Oviedo, y de Manuel Pecharromán, ex concejal gijonés. Otros dirigentes o ex dirigentes del PP también están tocados directa o indirectamente por “caso Pokemon”. Al PP regional, tras cometer todo tipo de errores en los últimos diecisiete años (desde el año 1998, con el inicio de la operación derribo contra el presidente Sergio Marqués empezó la etapa horrible del PP asturiano), sólo le faltaba ahogarse en la trama del agua. Junto al oprobio, inherente a la revelación de prácticas presuntamente corruptas, le brindan a la izquierda un argumento de peso para no privatizar servicios municipales: evitar el pago de comisiones. Desde una perspectiva política, el asunto está en candelero en el momento más delicado, cuando se decanta el voto de los ciudadanos. Foro va a ir con todo a negociar la lista electoral.