El PP asturiano está fuertemente convulsionado por el escándalo del “caso Pokemon”. Mercedes Fernández ha salido en rueda de prensa a decir dos cosas: ella y su equipo no tienen nada que ver con la trama del agua, creada en torno a Aquagest y a distintos ayuntamientos de la región, y espera que los dirigentes relacionados con el escándalo, como Iglesias Caunedo –ex alcalde de Oviedo-, den explicaciones adecuadas y suficientes sobre lo sucedido, porque en caso contrario no le temblará la mano para tomar medidas. La polvareda levantada es tan grande, que desde la dirección nacional del PP, Pablo Casado, vicesecretario de comunicación, ha hablado de situación bochornosa, y advirtió que si se prueban las irregularidades actuarán con total firmeza.

Para que los dirigentes de un partido actúen de forma acertada cuando surge algún asunto de corrupción hay que tener las ideas claras. Se debe distinguir entre valoraciones políticas y sumarios judiciales. Hay actuaciones que política y socialmente no se pueden admitir, aunque de ellas no se deriven sentencias condenatorias. Algunos partidos impusieron normas internas, que sitúan en la apertura de juicio oral el momento de exigir el abandono de la responsabilidad pública. Creo que no se pueden establecer patrones rígidos. Alguna vez lo he dicho, pero ahora toca repetirlo: la respuesta política tiene que ponderar el impacto que produce en la sociedad el caso concreto de corrupción que se analice. Hasta en el frío mundo de la Justicia, guiado por la pretensión de objetividad, se elaboran resoluciones teniendo en cuenta la concurrencia del escándalo, y de ahí que se hable de sentencias ejemplarizantes. Lo conocido del caso Pokemon causa estupor en la sociedad. El PP no debería esperar a que avanzara el proceso judicial para tomar medidas. Todos somos inocentes, mientras no se demuestre lo contrario, pero la representación de los ciudadanos en las instituciones sólo debe recaer en personas sin sombra de duda. En los países avanzados, los políticos abandonan sus cargos cuando se ven envueltos en escándalos y hay indicios consistentes (correos electrónicos, conversaciones grabadas, testimonios) de que no son víctimas de montajes. Las decisiones políticas no dependen de lo que diga o haga un juez. Si el PP no lo entiende así y prefiere esperar, los asturianos se lo van a hacer pagar dentro de mes y medio en las urnas, que es donde más duele.