A punto de iniciarse la campaña electoral los partidos realizan sus ofertas fiscales. El PP insiste en la propuesta que le llevó hace cuatro años a la victoria: la rebaja del Impuesto sobre la Renta. Una iniciativa arriesgada, ya que en la mente de todos está que nada más empezar el mandato subió el IRPF. Es cierto que cambió el contexto, ahora crece la economía española y al empezar 2012 estábamos en recesión. Por cierto, la caída en esa segunda recesión fue debida al desastre de Fukushima –11 de marzo de 2011-, ya que el PIB creció durante seis trimestres seguidos, con excepción del tercero de 2010, pese al tremendo ajuste que nos impuso Europa en mayo de 2010, supresión de paga extra de funcionarios incluida. No estoy en el reducido club de admiradores de Zapatero, pero las cosas hay que contarlas como fueron: hubo unos leves brotes verdes hasta que el desastre nuclear puso el precio del petróleo por las nubes.

Por su parte, los socialistas proponen una amplia batería de “impuestos verdes”, donde se incluye la tasa por tonelada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera por las industrias. Qué curioso: ese tributo lo propuso Llamazares hace unas semanas a los socialistas asturianos en la negociación del presupuesto, siendo rechazado tajantemente, y ahora lo va a defender Adriana Lastra en la campaña electoral ¿Es más “verde” Pedro Sánchez que la FSA? Quizás estemos ante la clásica diferencia entre el discurso opositor y la práctica de gobierno. También propone el PSOE limpiar el Impuesto de Sociedades de bonificaciones y exenciones pensadas para dulcificar la carga fiscal. Estas cuñas introducidas en el tributo fueron, en su mayor parte, obra de Convergencia Democrática de Cataluña, cuando daba soporte a los diferentes gobiernos del PSOE y PP. Es un acierto quitarlas para dar el mismo trato fiscal a la gran empresa que a las pymes. El PSOE propone fijar un tipo mínimo común en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Una idea que choca con el concepto de autonomía que rige en nuestro modelo territorial. Cada gobierno regional tiene un amplio poder de disposición sobre impuestos. No se puede hablar de autogobierno sin capacidad para fijar la cuantía de los tributos. Con la competencia fiscal entre territorios ganan los ciudadanos, ya que debido a ella esos tributos (Sucesiones y Patrimonio) tienen un carácter simbólico en varias comunidades, entre las que no está incluida Asturias.