Aniversario de la Constitución en pleno debate sobre su reforma. Menos el PP, todos los partidos, por unas razones u otras, están a favor de revisarla. No hay un solo problema en España que su solución pase por quitar o añadir algunos artículos de nuestra norma máxima. Sólo encuentro una excepción: la aceptación de las demandas del nacionalismo catalán, pero eso no es una solución sino agrandar el problema. Cambiar el texto para que los independentistas (en Cataluña todos los nacionalistas son ya independentistas, con la excepción de Durán i Lleida, que quedó excluido del “Parlament” y el día veinte quedara fuera del Parlamento) puedan proclamar que Cataluña es una nación, como paso previo a darle un encaje legal como “Estado asociado”, al modo de Puerto Rico, es un disparate. Reformar la Constitución para definir a España como un Estado Federal, propuesta avalada por Pedro Sánchez –y antes por Rosa Díez-, no sirve absolutamente para nada, porque el Estado Federal no añade nada al Estado Autonómico, ni en el aspecto formal ni en el material: ya no hay más competencias que transferir. La pretensión de Podemos y de IU de blindar las prestaciones sociales elevándolas a rango constitucional tampoco es útil, ya que la Constitución reconoce que todos los españoles tienen derecho a la vivienda, y hay mucha gente suspirando por ella. La minoría que propugna el cambio por razones opuestas (reformar el Título VIII para cortarle el paso a los independentistas o devolver las competencias de Educación al Estado) no necesita tocar nuestra ley de leyes para llevar a cabo sus fines.

Cambiar la Constitución es una ocurrencia que tuvo la izquierda en el año 2003, cuando la carta magna cumplía un cuarto de siglo. Un partido y un grupo de comunicación se pusieron de acuerdo para montar una campaña de agitación ante la asfixiante realidad de la mayoría absoluta del Gobierno de Aznar. Los mismos días en que encallaba el “Prestige” decidieron que la Constitución tenía abiertas vías de agua. Desde entonces hasta hoy ni un argumento sólido, sólo retórica.

La novedad de la demanda reformulada a lo largo del último año estriba en que determinados partidos la enmarcan en la necesidad de pasar página “al régimen de 1978”. Como argumento de peso han expuesto que la mitad de los españoles, por razones de edad, no votó el texto constitucional: la inanidad y la necedad van de la mano contra la Constitución.