Luis Garicano, brillante economista, catedrático de Economía y Estrategia en London School of Economics, y responsable del programa económico de Ciudadanos, tiene respuestas para todas las preguntas. El programa de Ciudadanos trata de ser un intento de poner España al día, de modernizar la nación, haciendo tabla rasa de privilegios. Garicano considera que la educación es la principal urgencia de la agenda política y propone un gran pacto educativo. Se apunta a la idea de mejorar la formación del profesorado y considera que hay demasiados debates estériles (Religión versus Educación para la Ciudadanía). Es firme partidario de exigir rendición de cuentas (evaluar) al profesorado. Buenas ideas y mejores deseos para adentrarse en un campo minado, ya que la educación es un terreno delicado y resbaladizo: se llevó por delante a dos ministros del ramo (Maravall y Wert) que participaban en gobiernos respaldados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. El gran pacto educativo es ya un lugar común en el que coinciden todos los partidos. El problema es que las leyes no fracasaron en el Parlamento, sino en la calle al colisionar con el formidable lobby de la educación, nucleado a partir de los sindicatos de la enseñanza: las camisetas verdes. Con la Logse la educación en España dobló una esquina y el conocimiento se hizo líquido. Como en tantos otros países de Europa ¿Dónde hay una educación de calidad? Ahí están los datos de Pisa, con los seis primeros puestos reservados para China (Shanghai), Singapur, Hong-Kong, Japón, Corea del Sur y Taiwan. Europa no se hunde del todo gracias a Liechtenstein que se codea con los asiáticos.

Una de las propuestas más novedosas de Ciudadanos es la creación del Complemento Salarial Anual Garantizado, para las personas que tengan ingresos más bajos, que se calculará en función de rentas y cargas familiares. La idea es estupenda porque no supone un coste para las empresas –a diferencia de la subida del salario mínimo que propugnan Podemos o IU-, pero el problema es financiar un gasto público suplementario de 7.800 millones de euros. Ciudadanos piensa pagarlo con el ahorro en prestaciones para el desempleo, pero ese dinero debería ir destinado a los formadores, para que las oficinas de empleo sean realmente útiles para los trabajadores en paro. Las ideas de Garicano necesitan pasar por la prueba de fuego de la política para conocer su validez.