Rifirrafe en la Cámara entre el PSOE y Podemos. Un debate sobre la financiación de medicinas para la hepatitis C ha derivado en un ajuste de cuentas sobre el rechazado proyecto de presupuestos para 2016. Emilio León exhortó al Gobierno socialista a presentar otro proyecto en los próximos días, señalando que los miembros del Ejecutivo estaban más cómodos disfrutando de las fiestas navideñas. Fernando Lastra calificó la actitud de los diputados de Podemos de demagógica, tramposa y no honesta, para concluir que el partido de Pablo Iglesias tiene un pacto con la derecha que es la causa del rechazo a las cuentas. Tono subido en las intervenciones, gestos y voces desde los escaños, que sólo contribuyen a degradar las relaciones entre los grupos políticos.

Me extrañó que el Gobierno retirara el proyecto de presupuestos en vez de defenderlo en el pleno. Si se cree en la propuesta de cuentas, someterla al debate parlamentario es una obligación política ineludible. Luego, que cada grupo asuma su responsabilidad votando en el sentido que sea. Los anuncios de enmiendas a la totalidad no pueden hurtar el debate. Esta pauta se sigue en todos los Parlamentos. A partir de esa anomalía se coló un debate con calzador, cuando en el orden del día de la sesión tocaba hablar de un asunto muy importante que el Gobierno central ha traspasado a las regiones.

Si el Gobierno retira los presupuestos, el único asunto a tratar en esa materia son los créditos extraordinarios. No tiene sentido dar vueltas sobre una iniciativa fracasada. Emilio León dijo que en diez días podía el Gobierno presentar otro proyecto de cuentas. Claro que sí, también dentro de un mes podría presentar un tercer proyecto, y para los carnavales, un cuarto, y después de Semana Santa, otro más que ya sería el quinto. El problema es que la sucesión de proyectos no garantiza su aprobación. Si Podemos considera la bajada de sueldos de los altos funcionarios una condición sine qua non para aprobar las cuentas y Javier Fernández no está por la labor, estaríamos igual que ahora. La prórroga presupuestaria no es una desgracia, siempre y cuando se gestione con agilidad y el Parlamento apruebe las autorizaciones de gasto que lleve el Gobierno a la Cámara. Es mucho mayor el impacto político que el daño económico. Los sindicatos lamentan la prórroga del Principado pero callan como muertos ante la prórroga del presupuesto del Ayuntamiento de Gijón. Qué curioso.