El Gobierno regional se marca como principal objetivo de la prórroga presupuestaria el sostenimiento de los servicios públicos, asumiendo que puede haber retrasos asociados a los procedimientos que se deben seguir en la gestión de unas cuentas prorrogadas. Nada nuevo. La financiación de los servicios públicos es la principal obligación de los gobiernos autonómicos, porque a ellos les corresponde la competencia sobre los mismos (sanidad, educación, servicios sociales, Justicia, etcétera). En el caso del Principado, la obligación y la devoción van unidas, dado que Javier Fernández siempre coloca la calidad de la sanidad o la educación como elementos distintivos del buen hacer de los sucesivos gobiernos socialistas asturianos.

En el año 2008, con las cuentas de 2007 prorrogadas, hizo falta destinar más recursos para la sanidad, y el Ejecutivo de Álvarez Areces pidió autorización al Parlamento para solicitar un crédito (creo recordar que rondaba los cien millones de euros), siendo apoyada su propuesta por el Partido Popular. Para que no haya confusión agrego que el PP siempre rechazó los presupuestos del Gobierno de Areces, así que el visto bueno a la propuesta del Ejecutivo no fue ningún ejemplo de pasteleo. La operación de dar luz verde a los créditos pedidos por los gobiernos no tiene un significado político semejante a la aprobación de los presupuestos. Votar afirmativamente las cuentas es una prueba de confianza política, mientras que aprobar créditos es la mera autorización a una iniciativa de gasto.

Desde el Gobierno socialista se advierte que las partidas destinadas al empleo van a sufrir un retraso. Ya lo sufrieron otros años, aunque quizás sea ahora más acusado. Entre las iniciativas de empleo había una oferta de 400 plazas para el profesorado de la enseñanza no universitaria. Supongo que los opositores esperaran con gusto seis u ocho meses para examinarse si al final las pruebas se realizan con procedimientos normales, sin hacer una escabechina en la primera prueba, dejando tantos opositores como plazas para el resto de exámenes. Esta situación se vivió el pasado verano en algún tribunal. Espero que todos los grupos parlamentarios observen con ánimo constructivo la gestión de la prórroga y nunca más se quiera forzar la aprobación del presupuesto diciendo que el rechazo llevaría aparejado la pérdida de 400 plazas para profesores. Además de falso, está muy feo.