Elegir presidente de Gobierno se ha convertido en un problema de primer orden para España. En la propia noche electoral hemos descubierto que tenemos una dificultad añadida a todas las que arrastrábamos (paro, deuda, nacionalismo, modelo educativo, etc.); además de grave el asunto es urgente.
Tanto es así que las Navidades -tregua para todos los males- no han interrumpido la discusión sobre las posibles alianzas. Si el problema no lo resolvemos en las próximas semanas nos adentraremos en una crisis política cuando todavía estamos en los estertores de la crisis económica. La una tiene capacidad de interactuar con la otra: las dificultades para formar gobierno pueden reavivar la hoguera de la crisis económica. En este incendio también hay pirómanos.
La elección del presidente viene acotada por tres premisas, a las que se debe añadir alguna reflexión. Vamos con las premisas.
TRES PREMISAS
La primera cuestión a considerar es la aritmética parlamentaria. Los números no admiten holguras ni estrechamientos. Es preciso juntar 176 diputados para elegir presidente en primera votación. En segunda votación es suficiente contar con mayoría simple. Es tan importante lograr adhesiones como neutralizar rechazos. Parte de la negociación debe versar sobre la posibilidad de trocar el “no” de algunos grupos por la abstención.
La segunda premisa es la ideología. La ideología de los partidos es su identidad. La unidad del PP y del PSOE sólo se logra para asuntos intranscendentes o para cuestiones demasiado importantes que forman parte de las reglas del juego. Habitualmente la formación de los gobiernos no se incluye en este último apartado, al tratarse de decisiones coyunturales, susceptibles de hacer y deshacer.
La ideología sirve para llamar a la unidad entre afines y para rechazar al resto. Une tanto como separa. La ideología no es materia negociable. Los antagonismos ideológicos sólo se neutralizan en las coaliciones entre partidos con la herramienta de los programas de gobierno.
Ahora bien, los programas no forman parte de las condiciones iniciales para elegir presidente, porque para llegar a hablar de ellos tiene que haber una firme voluntad de acuerdo entre las partes. Ejemplo: la negativa de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias a apoyar a Rajoy, por razones ideológicas, no permitió explorar posibles acuerdos sobre planes de empleo o presión fiscal. Para discutir sobre programas de gobierno tiene que abrirse paso la opción de negociar sin prejuicios.
La tercera y última premisa es la posición ante la Constitución. Con independencia del debate sobre su reforma, hay partidos que defienden los aspectos nodales de la Constitución y otros que plantean asuntos que van contra su esencia. Pablo Iglesias ha señalado que la autodeterminación de Cataluña es una condición irrenunciable para Podemos, con lo que se coloca extramuros de la ley de leyes.
Si ponemos la Constitución como único rasero, el entendimiento tiene que darse entre PP, PSOE y Ciudadanos. Si la ideología es el único árbitro habría una mayoría de izquierdas formada por el “pentapartito”, PSOE-Podemos-IU-ERC-Bildu, frente a PP y Ciudadanos. El voto del PNV no cambiaría la correlación de fuerzas. Dejo fuera del supuesto a Democracia y Libertad (antigua CiU), ya que aunque es de derechas no votaría jamás a PP y Ciudadanos.
La mayoría de izquierdas del hipotético “pentapartito” (con ese nombre hubo sucesivos gobiernos de cinco fuerzas en Italia desde 1980 a 1992) es muy difícil de concretar, porque las exigencias de ERC o Bildu serían indigeribles para el PSOE. El mismo referéndum de autodeterminación para Cataluña, de Podemos, fue rechazado por el Comité Federal del PSOE.
INMORAL
Establecidas las premisas hagamos un hueco para el análisis político. Los profetas de la “nueva política” deben entender que la imposibilidad de elegir presidente, con la consecuencia de elecciones anticipadas, levantaría una nostalgia invencible por el bipartidismo. Por la “vieja política”. Si la primera vez que se fragmenta la representación parlamentaria tiene como resultado la ingobernabilidad de las instituciones, la “obligación” del electorado será recuperar el equilibrio perdido.
Como ya se ha dicho estos días, los resultados electorales convierten “a España en Italia, pero sin italianos”. En dos tercios de las naciones de la UE hay gobiernos de coalición; sin embargo, la clase política española no se siente concernida por esa práctica. No está en nuestra tradición negociar gobiernos.
En el periodo regido por el bipartidismo, la gobernabilidad salía directamente de las urnas, dejando la investidura pendiente del retoque propiciado por el diálogo con algún grupo nacionalista.
La atomización de la Cámara pone a los principales partidos ante la obligación de negociar. No basta con hacer enjuagues con los nacionalistas. Devolver esa responsabilidad a los ciudadanos es inmoral, después de haber sido los peatones -Eulogio, Felisa, Rocío – los que sacaron al país de la crisis económica, perdiendo 40.000 millones de euros en rentas salariales para hacer el ajuste que demandaba la UE.