La salud de Fernández Villa es el elemento más destacado en la instrucción de la querella presentada por el Soma contra su ex secretario general por gastos cargados a la cuenta del sindicato. El líder del Sindicato Minero presentó un informe de dos médicos del Huca aduciendo que no estaba en condiciones de declarar por sufrir deterioro cognitivo, déficit de memoria y concentración, desorientación temporal y espacial, así como cuadro depresivo. La jueza, para evitar suspicacias, encargó un informe forense que ratificó el contenido del certificado presentado voluntariamente por Villa. Cuando las cosas parecían haber quedado aclaradas, se tuvo conocimiento de que el sindicalista otorgó hace dos meses un poder por conducto notarial; un acto de disposición que requiere para ser válido del pleno ejercicio de las facultades mentales. La jueza ha llamado a declarar al notario que realizó el trámite.

Aunque una situación así se presta a diversas interpretaciones, creo que la explicación es bien sencilla: un notario no es un médico. Puede un oficial de una notaría recibir a un cliente, tomar los datos y preparar un documento que unos días más tarde es leído por el notario al interesado, sin que en una breve conversación, en la que frecuentemente participan también familiares, pueda percatarse el fedatario público del deterioro cognitivo de la persona que otorga el poder. Por recurrir a una situación tópica, me atrevo a decir que es muy probable que muchas personas con síndrome de Alzheimer, en etapas tempranas de la enfermedad, acudan a notarías a otorgar testamento sin que nadie se percate en la oficina del notario del quebranto de salud de la persona que hace disposición de sus bienes ¿Cómo se pueden evitar estas situaciones? Si queremos aumentar las garantías se fija por ley que en las notarías deberá haber un psicólogo de plantilla que someterá obligatoriamente a un test a todas las personas de tercera edad para evaluar su grado de autonomía y asunto concluido. Logramos dos objetivos de una tacada: se evitan situaciones no deseadas y la creación por ley de 3.000 puestos de trabajo para psicólogos en España.

El Parlamento rechazó una proposición de Podemos contra la corrupción porque el Gobierno alegó que implicaba un aumento de gasto. Tan pendientes de la salud de Villa, mientras las instituciones observan con relajo el mal que provoca síndrome confusional entre la ciudadanía.