Las recientes declaraciones de Rajoy, en las que mostraba su disposición al pacto con el PSOE hasta el punto de aceptar las tesis de los socialistas sobre la reforma laboral y la ley de educación, pero mostrándose inflexible en la exigencia de mantenerse en la Presidencia del Gobierno, muestran a las claras cómo el líder del PP se ha convertido en un obstáculo para la formación de una mayoría parlamentaria. Se entiende que la unidad de España y la soberanía nacional sean las líneas rojas del PP, pero la persona que ocupe la Presidencia no puede ser un asunto intocable. Rajoy carece de autoridad moral para presentarse como insustituible cuando los hechos más notables ocurridos tras las elecciones son los escándalos de corrupción en la empresa pública, Acuamed, y la basura amarilla de Valencia que mancha ayuntamientos, diputación provincial y gobierno regional. La credibilidad de Rajoy está bajo mínimos. Hasta tal punto es así que los brillantes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al último trimestre de 2015 –los califico de brillantes sin entrar en la letra pequeña donde se ve que se perdieron 48.000 empleos a tiempo completo y se ganaron 93.000 a tiempo parcial- no amortiguan el impacto producido por una robadera tan generalizada como organizada. Si quiere hacer un servicio a la estabilidad política de España, Rajoy debería aclarar que las únicas líneas rojas del PP para negociar una mayoría parlamentaria son las que tienen que ver con la integridad territorial de España y la imposibilidad de sustituir la voluntad de los españoles por el parecer de los habitantes de una región.

Pedro Sánchez también puede convertirse en un obstáculo para la gobernabilidad si impone su plan de encaramarse a la Presidencia del Gobierno sobre la opinión de la mayoría de los dirigentes del partido. Hace falta una mayoría amplia que se identifique con la Constitución, no un grupo de siglas heterogéneo unido por los agravios.