Por sentencia del Tribunal Supremo ha sido declarada nula la licencia de construcción de la regasificadora de El Musel. La planta, buque insignia del modelo energético asturiano, diseñado por el Partido Socialista en los albores del siglo, es ilegal. 382 millones de euros invertidos en la obra quedan reducidos a cero tras la sentencia. La mayor inversión industrial del siglo XXI en Asturias, bastante más que todo el plan de inversiones de ArcelorMittal, que tan satisfecho dejó a la dirigencia regional (políticos, empresarios y sindicalistas).
Los impulsores de la iniciativa en los tribunales, Los Verdes (hoy Equo), tienen la moral alta y van a exigir la demolición del equipamiento, mientras Enagas, empresa propietaria, asegura que ya inició el proceso para obtener una nueva licencia. Como ambas partes tienen letrados competentes, cada una sabrá lo que dice, pero si uno se guía por el sentido común no entiende que se pueda pedir una licencia de construcción para un edificio que ya está construido, ni que los tribunales (Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Tribunal Supremo) pueden aceptar la corrección de un defecto a partir de una norma que esos mismos tribunales ya tuvieron en cuenta cuando consideraron nula la obra. Si obtiene luz verde la regasificadora, otras muchas edificaciones podrían ser validadas a posteriori.
LOS VERDES
Ante el disparate de derribar una infraestructura industrial que está en perfectas condiciones para cumplir su misión, la mirada se dirige instintivamente hacia Los Verdes, por ser el grupo que buscó neutralizar la regasificadora. En este punto hay que hacer varias consideraciones. La propuesta de Los Verdes no sólo es legal sino que reivindica el imperio de la ley. Es difícil criticar a alguien que pida que se anteponga la legalidad a cualquier otra consideración. Cuando los socialistas descalifican a Los Verdes hay que recordarles que gobernaron con ellos. Los Verdes estaban en el gobierno de coalición de izquierdas presidido por Álvarez Areces. No formaban parte de una mayoría parlamentaria sino que eran responsables de la ejecución del programa de gobierno. En aquella época nadie puso objeciones a darles responsabilidades de gobierno. La FSA, tampoco.
De un partido ecologista, nacionalista o feminista no cabe sorprenderse cuando reivindica lo que le resulta más característico. Son grupos que concentran su actividad en unos aspectos concretos. Para ellos, se trata de lo más trascendente, de forma que no aceptan la clásica división entre intereses generales e intereses de partido, como ocurre con las formaciones convencionales. Los valores medioambientales son innegociables y todo lo demás debe subordinarse a ellos. Otra cosa es que en el debate político general sus propuestas puedan ser ampliamente criticadas, entre otras razones porque el modelo productivo de Los Verdes nos acercaría a los niveles de paro de la sociedad preindustrial.
LOS CULPABLES
La ilegalización de la regasificadora obliga a mirar hacia la Administración. La licencia a la instalación proviene de la Administración del Estado, la misma que aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP). Así que el Ministerio de Industria realiza actos en contra de sus normas. No estamos hablando de un objeto pequeño, de algo situado en un lugar ignoto, sino de unos tanques enormes en la fachada del mayor puerto de graneles sólidos de España. ¿Lleva aparejada alguna penalización cometer ilegalidades de esa naturaleza?
Causa pasmo el proceder de Enagás, principal titular de los activos gasistas en España. Una gran empresa que lleva muchos años trabajando en actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, desconoce el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. ¿Cuántas veces trataron de construir una regasificadora a menos de 2 kilómetros de un núcleo urbano? ¿Actúan con tanta ligereza en todos sus protocolos de trabajo?
Por último, ¿en qué pensaba el Principado? Años pidiendo la regasificadora, ante la negativa de Rodrigo Rato, y cuando Zapatero da el okey se despreocupan de todo. ¿No hubo ningún técnico autonómico, ningún político competente que abrigara dudas al ver la preparación de la obra? ¿Se encogen de hombros amparados en el paraguas de la incompetencia administrativa? ¿Y qué decir del Ayuntamiento de Gijón? Tres administraciones, las tres gobernadas por el mismo partido, incapaces de observar tamaña ilegalidad.
Los mismos que se sirven de cualquier pretexto para subir los tributos, los que machacan con recargos desproporcionados cualquier incumplimiento fiscal, son capaces de aceptar una infraestructura potencialmente peligrosa a una distancia que viola la norma.
La regasificadora no es el Hotel Algarrobico. Para Asturias significaba ponernos en pie de igualdad con el resto de regiones costeras (sólo Cantabria carece de ella) en el famoso negocio del gas. Somos la comunidad autónoma que perdió más riqueza a lo largo de la crisis económica, y ahora con la regasificadora, o con la depuradora de Gijón, iniciamos una fórmula más agresiva de degradación: el derribo de los iconos.