El Gobierno regional va a llevar a la Junta General del Principado el aumento salarial de los funcionarios correspondiente al presente año. La subida está establecida en los presupuestos generales del Estado que fueron aprobados el pasado verano. El incremento es del uno por ciento y en el caso de Asturias supone 15 millones de euros. El asunto puede parecer de trámite, políticamente inocuo, pero no lo es.

En situación de prórroga presupuestaria, lo más habitual es que el aumento salarial estuviera incluido en los créditos extraordinarios que solicitan siempre los gobiernos cuando ven rechazadas sus cuentas. En este caso no es así, porque el Ejecutivo de Javier Fernández tiene miedo de presentar solicitudes de crédito al Parlamento y recibir la negativa de la Cámara. Primero no defendieron el proyecto de presupuestos para ocultar que están en minoría parlamentaria y ahora retrasan la presentación de peticiones de crédito para no dar a la oposición la satisfacción de desbaratar la iniciativa del Gobierno. A falta de créditos los 15 millones van a salir de las cuentas prorrogadas. La aritmética no entiende de márgenes, así que para gastar el dinero en sueldos hay que quitarlo de alguna partida. Cada vez que el Gobierno asuma algún compromiso de gasto será a costa de suprimir otros compromisos. Vestir un santo para desvestir otro.

No es el mayor problema que afronta el Gobierno al someter el incremento salarial a la voluntad de la Cámara. Los grupos de oposición pueden enmendar la ley, elevando el gasto por encima de los 15 millones para satisfacer otras demandas pendientes, como, por ejemplo, la devolución de la paga extra anulada en 2012. Queda todavía por devolver el 24% de esa paga olvidada y algún grupo opositor puede tener la tentación de ponerse una medalla delante de los más de 35.000 empleados públicos proponiendo que se les reintegre ya lo que se les quitó en su día. En ese caso, el Principado puede optar por cargar, nuevamente, la factura sobre los escasos recursos de la prórroga presupuestaria o retirar el proyecto de ley. Ninguna de la dos respuesta es buena. Hasta que recurra a los créditos, el Principado va a tener el dinero muy justo para pagar las nóminas ordinarias (en argot, “tensiones en tesorería”); no está para meterse en extras. Y si retira la ley, los funcionarios se quedan sin subida salarial. Otro fracaso. Lo que más le gustaría al presidente es pedir tiempo muerto.