El sistema de financiación autonómica ha tocado fondo con el incumplimiento generalizado del déficit público, el pasado año, y el galopante aumento de la deuda. Los gobiernos regionales pasan olímpicamente de las directrices marcadas por el Ministerio de Hacienda; Cristóbal Montoro optó en 2015, año electoral, por hacerse trampas al solitario financiando sin intereses a las comunidades autónomas, lo que ha servido para aumentar el desajuste. Ahora se rasga las vestiduras, con elevadas dosis de hipocresía, cuando estaba perfectamente informado de la derivada que había tomado la gestión de los barones regionales, convencidos de que seguiría el Estado suministrándoles los recursos que les negaba el mercado. El ministro que dio la orden de barra libre para los ejecutivos autonómicos, levanta ahora la voz para amenazarles con sanciones. Realmente patético, tratándose de un político que carece de autoridad para imponer una política que va en sentido opuesto a la aplicada hasta ahora. Si los gobiernos regionales tuvieron fuerza suficiente para torcer los planes de un gobierno apoyado en una amplia mayoría absoluta (186 escaños entre 2011 y 2015), es obvio que son lo suficientemente poderosos para dejar en nada las amenazas de un gobierno en funciones.

Dentro del desmadre general, el Principado tuvo un déficit que superó de largo el límite establecido por el Ministerio de Hacienda. El umbral estaba fijado en el 0,7% del PIB, y el desfase entre gastos e ingresos del Gobierno de Javier Fernández alcanzó el 1,53%. Para este ejercicio, el techo está puesto en el 0,3% del PIB y en el mes de enero ya generamos 12 millones de euros de déficit. Mientras el Gobierno asturiano no afronte una reforma de verdad del sector público estaremos abocados permanentemente a generar déficit. La alternativa es detener totalmente la actividad, olvidarse de las listas de espera de la sanidad, de los planes de empleo o de las inversiones, y dedicarse exclusivamente a pagar las nóminas. El problema es que a eso no se le puede llamar exactamente gobernar.

Tengo la impresión de que el Gobierno socialista, como sus homólogos en la fronda autonómica, está a la espera de que se forme un nuevo gobierno en España para cambiar el modelo de reparto del déficit entre administraciones. Sólo en el mes de enero, Extremadura y Murcia ya superaron el techo de déficit que había para todo el año. El descontrol exige un nuevo pacto.