Como el Gobierno está en funciones y el Principado está en precario, los problemas se aplazan y los diputados gastan su tiempo hablando de cuestiones irrelevantes o sobre las que no tienen capacidad de decisión.
En la Junta General del Principado el turno de preguntas al presidente adquiere visos de tertulia. Esta semana salió a relucir la Guerra Civil y los posibles pactos sobre la gobernabilidad de España. El primero de los asuntos estuvo de actualidad hace 75 años y sobre el segundo carece de competencia el Gobierno regional. Es una moda. En los plenos del Ayuntamiento de Gijón sucede lo mismo, los concejales escogen para discutir asuntos sobre los que son manifiestamente incompetentes. Ahora bien, si toca algo que les afecta miran para otro lado: suprimen las sanciones a los que infringen la ordenanza del botellón.
FUNCIONARIOS
En el Parlamento la oposición de derechas atacó a Javier Fernández por su política “antifunción pública”, al haber congelado la llamada “carrera profesional”. Si repasamos el variado conjunto de colectivos laborales es difícil encontrar uno que sufra menos zozobras que el funcionariado. Mientras en los demás sectores se pierden puestos de trabajo, en la función pública se bloquea un complemento inventado en tiempos de bonanza. Desde la oposición le piden a Javier Fernández que mire por sus empleados; se lo dicen al único presidente autonómico que ha reducido sus mandatos al pago de nóminas públicas.
Mientras estas cosas suceden en la Cámara, el otrora poderoso lobby de la construcción está a punto de echar la persiana. Otros gremios pasaron una crisis, la construcción vive una agonía. Una a una las empresas fueron cerrando y los trabajadores se fueron al paro. Desparecieron el 58% de las empresas y en activo sólo queda el 25% de la mano de obra. El sector de la construcción cayó del andamio.
La obra civil fue siempre un elemento fundamental en la construcción asturiana. Es una actividad que depende de las licitaciones de las administraciones públicas. En Asturias se hundió, mientras crecía el gasto corriente. Hace cuatro años, cuando los socialistas retornaron al poder, recuerdo que la cúpula de patronal estaba moderadamente satisfecha porque se había acabado el periodo de Cascos (“nadie duda de su valía, pero se metió en muchos líos”) y se iniciaba el trienio de la pacificación.
La paz venía simbolizada por el acuerdo del tripartito (PSOE-IU-UPyD). Miembros de las asociaciones del sector (entonces había dos) se entrevistaron con el núcleo duro del Gobierno, exponiendo sus necesidades. Se llegaron a compromisos recogidos en la concertación social, firmada en 2013, pero no se adelantó nada. A los trabajadores de la construcción no hizo falta que les quitaran el complemento de la carrera profesional (nunca lo tuvieron), porque perdieron la nómina entera.
Avanzado el pasado mandato fueron nuevamente a ver al presidente del Principado, acompañados de los dos grandes sindicatos, para presentarle un informe de lo que ocurría con las licitaciones del Principado que iban mayoritariamente para empresas foráneas que incurrían en bajas temerarias. Las infraestructuras en Asturias las hacían empresas de fuera que venían a trabajar con mano de obra de sus tierras.
LA RUINA
Llegados a este punto quiero hacer una aclaración: estoy firmemente convencido de que todos salen ganando (clientes, trabajadores, proveedores) con la competencia entre empresas, pero no es de recibo que en el resto de comunidades autónomas veten a las empresas asturianas y que el dinero de los asturianos vaya para empresas y trabajadores de otras regiones. Hermanos, sí; primos, no.
Pasaron dos años y nada ha cambiado. El 60% de las obras se adjudican a empresas de otras comunidades autónomas. Serafín Abilio Martínez, presidente de la patronal, CAC-Asprocon, asegura que 200 constructoras pueden desaparecer este año (otras tantas cerraron en 2015) y que hay otras 240 sin carga de trabajo. Eduardo Donaire (secretario general de MCA-UGT) afirma que “esto no se da en ningún sitio de España”. Dosantos (CCOO) asegura que “sin la pata” del Gobierno regional no hay nada que hacer.
Nada se hará. Es fácil deducirlo. El Principado ha optado por no contar con más recursos renunciando a los créditos extraordinarios por miedo a que se los niegue la Cámara y vuelva a constatarse que está en minoría parlamentaria. El Ministerio de Hacienda nos va a imponer un techo de déficit del 0,3% sobre PIB, que resta margen de maniobra, y las desviaciones de gasto en los servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) pondrán al límite la capacidad de la tesorería para hacer frente a los compromisos.
Cuando el Gobierno socialista tenía mayoría parlamentaria, aprobaba sus presupuestos y cumplía con las directrices sobre el déficit público, dejó que se desmoronara la construcción, perdiendo más de 22.000 empleos. Ahora con todo en contra, lo más probable es que recorte aún más la inversión pública y cientos de empresas quiebren. Será un cierre de libro.
Mejor hablar de cosas del pasado, de los pactos de Sánchez e Iglesias y de la falta de sensibilidad con los funcionarios. Para eso está el Parlamento asturiano. Para relajarse no hace falta ir a la Feria de Abril.