La Junta General del Principado, por unanimidad, insta al Principado a negociar el reparto del déficit público con el Gobierno central. La proposición no de ley de IU, que recibió el respaldo de los seis grupos -PP incluido- aclara la meta de la negociación: evitar el trato discriminatorio de comunidades autónomas y ayuntamientos. Es difícil que las regiones se puedan quejar de las obligaciones económicas que les señala el Gobierno central cuando Rajoy creó un instrumento, llamado Fondo de Liquidez Autonómica, que últimamente perfeccionó con otro artefacto denominado Fondo de Facilidad Financiera, que sirve para pagar todas las facturas que llegan a las comunidades autónomas. Que una región tiene una larga fila de proveedores esperando cobrar, se llama por teléfono a Cristóbal Montoro y adelanta el dinero en nombre de la estabilidad económica. El dinero sale de Madrid y las medallas se las ponen en Oviedo, Sevilla, Barcelona o Palma de Mallorca. El dinero llega gratis, sin intereses (no como la carga financiera de los créditos de la Zalia que deja tuertos a los gijoneses; como la sociedad está muy bien gestionada, paga más intereses que nadie. Suerte para los bancos, desgracia para los lugareños), y a los barones autonómicos les parece una práctica habitual en el mundo avanzado. Sin embargo, esa liberalidad con los recursos no la aplican ellos con los ciudadanos. La gobernanza de las comunidades autónomas está viciada desde el inicio del proceso de descentralización. Pasaron muchos años gastando sin ninguna responsabilidad porque los ingresos los aportaba el Estado. Luego, cuando adquirieron una notable autonomía fiscal, no querían subir impuestos para no hacer de malos en la película. En los últimos tres años, la credibilidad financiera de algunas regiones (Cataluña, Valencia) alcanzó las cotas del bono basura, y llegó Rajoy para suministrarles el dinero que les falta.

El presidente sentía una pereza infinita ante el escenario de una renegociación del modelo de financiación autonómica, un asunto espinoso y complejo, que siempre se soluciona poniendo más dinero el Estado (hace seis años, Elena Salgado firmó la paz con los barones a través de un cheque de 11.000 millones de euros), y decidió cubrir los agujeros de las haciendas autonómicas pagando sus excesos. Ahora se quejan del techo del déficit, pero el que puso fin a la juerga es Bruselas. Montoro es un empleado.