Montoro suavizó la postura sobre el reparto del déficit público con otras administraciones. La Comisión Europea amplió el margen de España para tener déficit del 2,8% al 3,6%, para 2016, y el Ministerio de Hacienda repartió entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social las ocho décimas extra. Conclusión: el techo para las diecisiete comunidades autónomas va a ser del 0,7%, como el pasado año. Otra cosa es que doce regiones lo hayan incumplido y que el conjunto de las comunidades haya más que duplicado el límite acordado. Las cuatro décimas extra para gastar por encima de los ingresos suponen para Asturias contar con 90 millones más de euros. Un respiro.

La decisión del Gobierno es obligado relacionarla con la casi segura celebración anticipada de elecciones generales. Se rebaja la tensión con los presidentes autonómicos y así se encara con mejores perspectivas la campaña electoral. En 2015, la Comisión Europea le advirtió al Gobierno sobre el deslizamiento del gasto de las regiones. A los ejecutivos europeos no les interesa el debate sobre autonomismo, federalismo y centralismo. Sólo les importan los números. En año electoral, los datos de España eran malos, íbamos de cabeza hacia el incumplimiento del déficit, pero dentro de esa tendencia sobresalía el desfase regional, que acabó superando en casi tres décimas el doble de lo pactado. Al empezar la legislatura el Gobierno señaló la rebaja del déficit público como principal objetivo del mandato y los gobiernos autonómicos aceptaron cambiar de política porque tenían miedo a la mayoría absoluta de Rajoy. Luego, fue el propio Gobierno quien se encargó de desautorizarse a sí mismo, haciendo la vista gorda ante el déficit de algunas regiones, y poniendo en funcionamiento un mecanismo tan perverso como el Fondo de Liquidez Autonómica, que sirve para prestar dinero sin límite y sin intereses. Si los bancos dieran crédito a sus clientes con el mismo criterio que Montoro a los gobiernos autonómicos, quebrarían en pocas semanas.

Al Principado esos 90 millones le van a servir para reafirmase en su estrategia de no solicitar créditos extraordinarios. La oposición, por su parte, puede desmontarle la coartada de no pagar los 13 millones del complemento de la carrera profesional de los funcionarios por carencia de dinero. Eso sí, ni unos ni otros plantearán la alternativa de la inversión productiva, único remedio contra el desempleo.