Resulta que ahora a nuestros dirigentes políticos les entró una honda preocupación por los gastos electorales. Fueron capaces de levantar una muralla de vetos ideológicos y personales que imposibilitaron la formación de un gobierno, pero con Las Cortes disueltas y convocados nuevos comicios ponen rostro pesaroso ante lo caro que resultará la nueva campaña electoral a los españoles. Se habla 180 millones de euros. Podían habérselos ahorrado de haber antepuesto los intereses generales a los de partido, pero prefirieron obstaculizar los intentos de armar una mayoría parlamentaria y ahora ponen cara de niños buenos, escandalizados, ante el elevadísimo gasto electoral. Para abaratar la factura el PP propone acortar la campaña electoral: en vez de quince días sería de diez. Podemos renuncia a la subvención electoral y Ciudadanos quiere que el gasto electoral se recorte en el 50%. Las tres ocurrencias sólo tienen como objetivo seducir a los votantes. Oportunismo puro y duro por parte de unos políticos que no les importa el gasto público; unos lo demostraron gobernando y otros con sus programas electorales. Un gesto populista cuando faltan 53 días para que se abran las urnas.

Si algo resulta irritante es el atrevimiento de los líderes políticos para tratar a los ciudadanos como menores de edad. Ya que optaron por provocar unos nuevos comicios procediendo a una voluntaria interrupción de mandato, lo que procede es que nos digan con quien van a gobernar –una información que nos hurtaron en otoño- y qué medidas van a tomar. Si quieren acortar la campaña y limitar el despilfarro, que hagan una ley donde se especifique todo lo relativo al gasto electoral, pero que no nos vengan ahora con medidas improvisadas que sólo buscan convencer a los electores de lo bondadosos y juiciosos que son. Una norma que regule los debates electorales obligatorios, no como ocurre ahora que tenemos un presidente de gobierno que en la última campaña limitó su intervención a un debate con el candidato socialista. Debates obligatorios, explicitación de alianzas y vetos, y medidas concretas para resolver los problemas de España. Por cierto, hablando de problemas, que nos digan cómo van a hacer el ajuste fiscal que nos demanda Bruselas, porque esa es una tarea para este año. Quien no especifique su plan para reducir el déficit que renuncie a gobernar, ya que será la principal obligación para el segundo semestre.