Las conversaciones grabadas del ministro del Interior, Jorge Fernández, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, llegan a la opinión pública de manera secuenciada como dictan los cánones de las filtraciones planificadas. Año y medio en espera de la coyuntura adecuada para contar que ministro y alto funcionario soñaron con cambiar el rumbo de la política catalana. Daniel de Alfonso propuso desplazar a Artur Mas de sus responsabilidades institucionales y partidarias, poniendo en su lugar a Germán Gordó, dirigente moderado de Convergencia. Mas pasaría a ser asesor de Rajoy para política territorial. Un guión más propio de un visionario que de una persona realista. Lo más simpático de la trama es que Germán Gordó opta ahora a ser secretario general de Convergencia.

El “affaire” tiene una dimensión electoral que concluye el domingo. No creo que altere de una forma sensible las previsiones adelantadas en las encuestas. No es un hecho positivo para el PP, pero ya hace mucho tiempo que todas las informaciones sobre el personal de la casa son negativas para Rajoy. El nacionalismo victimista sacará a relucir las grabaciones durante un tiempo para demostrar cómo el centralismo madrileño montó una conjura para destruir su autogobierno. La hipertrofia es un rasgo que acompaña al discurso nacionalista, así que no perderán la ocasión de convertir a Jorge Fernández en político golpista. Quedará en nada. El “affaire” ubicará al ministro en el estante de políticos amortizados. No es un rasgo distintivo porque muchos de sus colegas en funciones no volverán a la mesa del Consejo de Ministros. Jorge Fernández ya gozó de una larga trayectoria.

El escándalo ofrece otra perspectiva para el análisis que produce malestar. La peripecia de Fernández y De Alfonso sólo tiene de original la grabación en el despacho ministerial. El resto ha sucedido muchas veces, en España, Francia, Italia, Alemania, etcétera. La diferencia estriba en que esas actuaciones casi siempre quedan ocultas. Utilizar los instrumentos del poder para sacar a relucir comportamientos irregulares de los adversarios políticos es de manual. En las grabaciones no se habla de falsificar pruebas, sino de poner altavoz a corruptelas. El ejemplo de que se trata de algo habitual es que en algún despacho se planificó la caza de Fernández, grabando al ministro y publicitando los diálogos en el momento oportuno.