El martes tiene lugar el primer acto de la batalla postelectoral con el debate de investidura en el que se examinará la candidatura de Rajoy a la Presidencia del Gobierno. Hasta ahora todo fueron prolegómenos. Declaraciones, escaramuzas, tanteos, alianzas, que tienen en común haberse realizado fuera del Parlamento. Sesenta y cinco días transcurridos hasta medir fuerzas con lo escaños en juego.
Lo mismo ocurrió este invierno. Tras los comicios del 20 de diciembre hubo un largo periodo de setenta y un días hasta que Pedro Sánchez presentó su candidatura al escrutinio del Congreso de los Diputados. Un tiempo muy extenso, ocupado por una cadena de descalificaciones y un pacto de minorías (PSOE-Ciudadanos) que no compensó el tiempo perdido en tan infructuosa tarea.
Si el bipartidismo es cosa del pasado y vamos a un periodo de complejo pluripartidismo hay que cambiar la ley. Es obligado agilizar los plazos. En todos los oficios y profesiones existen pérdidas de tiempo, pero en el caso de la política dejar pasar el tiempo es la forma habitual de utilizarlo. Ver a 350 diputados recibir magníficos sueldos durante toda esta etapa de bloqueo institucional es desmoralizador: cobran por lo que son, no por lo que hacen. Con una productividad marginal nula se permiten hablar de buscar un modelo económico más productivo para España.
ANTES Y AHORA
La responsabilidad de lo que pasa en este aciago periodo está compartida. Soy indulgente sobre lo ocurrido en el primer semestre del año. Hasta entonces la elección de presidentes no había creado ningún problema. A la primera o segunda votación quedaban siempre investidos. Hace ocho meses, de las urnas salieron dos bloques ideológicos casi iguales (163 para el centroderecha y 161 para el centroizquierda), sin contar a los diversos nacionalismos. Rajoy no se atrevió a tirarse a la piscina; Pedro Sánchez lo hizo y comprobó que no había suficiente agua. La renuncia de uno y el fracaso del otro nos llevaron nuevamente a las urnas.
Ahora es distinto. En primer lugar cuenta la experiencia de lo sucedido en el primer semestre; hasta el político más alejado de la calle sabe que la gente quiere que se termine ya con esta etapa de provisionalidad. Hay que tener en cuenta las exigencias de la Comisión Europea que no aceptan excepciones políticas para cumplir con los compromisos económicos. A todo lo anterior añadamos que la aritmética parlamentaria ha variado sensiblemente: el centroderecha tiene 170 escaños y la suma de PSOE y Unidos Podemos se queda en 156.
Pese a lo dicho, lo más probable es que Rajoy sea rechazado por la unión de la izquierda y los nacionalismos. En el intento de investidura del pasado mes de marzo, Pedro Sánchez perdió por goleada, 130 votos a favor y 220 en contra. En esta ocasión, el marcador será más ajustado: 170 síes a Rajoy, frente a 180 noes.
La prolongación del gobierno en funciones se deberá, fundamentalmente, al PSOE. No está nada claro que los socialistas saquen algún beneficio de la política obstruccionista. La posibilidad de que Pedro Sánchez salga investido presidente, tras el fracaso de Rajoy, es muy remota. El apoyo de Podemos lo doy por descontado, porque los brillantes dirigentes del partido morado se han dado cuenta, tras suspender en junio, que hacer pinza con Rajoy contra el PSOE no es del agrado de su electorado. Están en crisis, esperando que las encuestas de Carolina Bescansa arrojen luz sobre sus males.
SÁNCHEZ
El problema para Pedro Sánchez está en las exigencias del independentismo catalán. Esquerra Republicana, con sus nueve diputados, sólo lo auparía a la Presidencia si su programa de gobierno incluyese un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Una propuesta así es inadmisible para un partido constitucionalista como el PSOE. En el Parlamento hay 180 diputados dispuestos a rechazar a Rajoy, pero no están todos a favor de Pedro Sánchez.
Al secretario general del PSOE le queda otra alternativa: encabezar el rechazo a Rajoy y quedar posteriormente cruzado de brazos, viendo cómo el plazo para disolver Las Cortes se agota. La política de tierra quemada en espera de que surja una sorpresa.
En ese supuesto, la actitud de Pedro Sánchez sería aún más difícil de justificar. La responsabilidad sobre el bloqueo institucional recaería sobre sus hombros. Si todavía queda materia gris en los dirigentes de ese partido deberían pensar que el PSOE pasa por horas bajas como lo prueban los resultados sacados en las tres últimas elecciones generales (noviembre 2011, diciembre 2015, junio 2016) en las que fue obteniendo, sucesivamente, los peores resultados de su historia: 110, 90 y 85 diputados. La conocida estrategia de “ni come ni deja comer” es muy peligrosa para practicarla en etapas de debilidad.
Lo más sensato y cabal sería poner precio a su abstención. Pactar un programa con Rajoy y exigir desde la oposición su cumplimiento. Esa sería la mejor opción para el PSOE, aunque puede que no le valga a Pedro Sánchez para mantenerse en el cargo de secretario general. Mientras dure el periodo de provisionalidad la disputa interna quedará aplazada. Así piensa un hombre de Estado.