La incapacidad del Congreso de los Diputados de investir un presidente tiene consecuencias políticas que van más allá de la Administración central. El PP se siente perjudicado por el sectarismo de Pedro Sánchez que alarga el periodo de interinidad con el Gobierno en funciones. En correspondencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no le facilita a las comunidades autónomas la gestión del presupuesto, con lo que aumentan las dificultades para todos los gobiernos autonómicos, con independencia de su color político. La respuesta del Gobierno tiene un objetivo evidente: provocar el malestar de los barones autonómicos contra el partido que impide la vuelta a la normalidad institucional, que como todo el mundo sabe es el PSOE, que ni come ni deja comer. Pedro Sánchez dice que la gobernabilidad es cosa de todos, pero hay una coincidencia generalizada en responsabilizarlo a él. Sánchez se ha negado repetidamente a negociar con la principal fuerza parlamentaria, ganadora de las elecciones, algo que nunca había sucedido.

En el mes de abril, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por el ministro de Hacienda y con presencia de todas las comunidades autónomas, acordó flexibilizar los objetivos de déficit. Para este año, se elevó el techo de déficit público sobre PIB, de 0,3% a 0,7%, lo que en el caso de Asturias supone la posibilidad de ampliar el gasto en 90 millones de euros. Para 2017, se pasó del fijado inicialmente (0,1%) a situarlo en el 0,5%, que representa otro incremento semejante de gasto. Los consejeros de Hacienda de las distintas regiones empezaron a elaborar su planificación financiera contando con esas posibilidades de gasto, pero a la mesa del Consejo de Ministros no llegó el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así que el techo de gasto vuelve a las cifras que estaba inicialmente. De lo dicho, nada, y de lo acordado, menos. Cristóbal Montoro procede con una manifiesta deslealtad institucional, pero ese es al ambiente en que se mueven las relaciones institucionales en España desde que el líder del PSOE puso de moda la dialéctica de «‘no’ es ‘no’, y dígame usted qué parte del ‘no’ no ha entendido».

El Principado solicitó una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar la política obstruccionista del Ministerio de Hacienda. Le asiste la razón, pero tener la razón en España, durante este atípico año de 2016, la verdad es que vale para muy poco.