El Ministerio de Hacienda no contempla, por el momento, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal como pretendían el Principado y otras comunidades autónomas. En ese órgano se había fijado, en abril, elevar el techo de déficit de las regiones en cuatro décimas, este año, y otras cuatro décimas en 2017. Dicho en plata: el Principado podría ampliar su gasto en 180 millones de euros. El 26 de junio hubo elecciones, Rajoy volvió a ganar ampliando su ventaja sobre el PSOE, pero como “no” es no, y todos entendimos las distintas partes del “no”, el gobierno sigue en funciones. Van ya 300 días. Fruto de todo ello, el Ministerio de Hacienda no se siente motivado para modificar los objetivos de déficit, que inevitablemente tendrían que ser aprobados por el Congreso de los Diputados, optando por dejar las cosas como están. La apatía del Gobierno supone un recorte para Asturias de 180 millones.

Como el Gobierno está en funciones tampoco ha comunicado los ingresos fiscales que le transferirá al Principado procedentes de los tributos recaudados en nuestra región. De cada cuatro euros que hay en el presupuesto, tres nos llegan por esa vía. Sin la cifra de ingresos no se pueden confeccionar las partidas de gasto porque las casas se construyen por los cimientos, no por el tejado. Primero es preciso saber con qué dinero se cuenta y, luego, se estudian las opciones de gasto. En conclusión, Dolores Carcedo, consejera de Hacienda, tiene ante sí dos posibilidades: esperar a que el Gobierno en funciones le suministre información fiscal o construir un proyecto de presupuestos muy imaginativo y flexible, susceptible de ser reformado de arriba abajo cuando nos comuniquen los datos ocultos. No acaban ahí las penalidades de la consejera del Gobierno de Javier Fernández. Es posible que el Impuesto de Patrimonio quede anulado, porque lo renueva todos los años el Gobierno, y como en esta ocasión está en funciones, a lo mejor se olvida de renovarlo. Asturias perdería 17 millones de euros.

El Parlamento no elige presidente. Rajoy no quiere responder de su gestión ante un Parlamento que no lo ha elegido. Las comunidades autónomas pagan los vidrios rotos de una guerra institucional que ningún español hubiera sido capaz de imaginar hace un año. Que las administraciones no tengan presupuestos, que sea imposible llegar a acuerdos es un mal absoluto que penaliza inversiones, contrataciones y empleos.