Políticos, empresarios y economistas no comulgan con la idea del Gobierno regional de poner especial atención sobre los asturianos que cambian de residencia para vivir en otras regiones. Nadie niega que las operaciones fraudulentas dedicadas a simular cambios para pagar menos impuestos en otras regiones –cuando en realidad siguen viviendo en Asturias– deban ser convenientemente desveladas y sancionadas, pero no es un asunto de gran calado que merezca un tratamiento parlamentario. Si exceptuamos al Gobierno socialista y a IU, hay consenso generalizado sobre la escasa incidencia que tiene esa conducta entre los contribuyentes.

Los expertos consideran que para evitar las deslocalizaciones de personas, rentas y patrimonios, lo más adecuado sería tomar medidas que homogenicen las figuras tributarias en todo el mapa nacional. En especial, aluden a la necesidad de un tratamiento común en todas las comunidades autónomas en lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio. No cabe duda de que esa medida contribuiría a desincentivar los cambios de residencia, pero restaría capacidad de decisión a los gobiernos autonómicos. Esta consideración política marcó todo el desarrollo de la política fiscal.

En la década de los ochenta las comunidades autónomas no tenían en sus manos ni la gestión de los servicios públicos ni la política fiscal. Poco a poco, empezaron a recibir transferencias de gasto (sanidad, educación, servicios sociales) y de ingresos (IRPF, IVA, Impuestos Especiales). El resultado final es que el autogobierno ganó muchos enteros, pero el gasto se desmadró y la participación en igualdad con el Estado en los rendimientos de los grandes impuestos, con la excepción del Impuesto de Sociedades, no sirvió para equilibrar los presupuestos. Hoy tenemos una deuda autonómica monstruosa (273.000 millones de euros, el 24,8% del PIB) y a la mayoría de las regiones sometidas a un proceso de respiración asistida a través de un mecanismo ideado por Montoro –el Fondo de Liquidez Autonómica– que envía dinero gratis a quien se lo pida.

Se optó por la carta de dar una amplia autonomía a las regiones y ahora vemos el resultado. ¿Una regulación común para Sucesiones y Patrimonio? No pasaría de ser un parche, ya que los problemas derivados de haber dado autonomía fiscal a las regiones desbordan con mucho las deslocalizaciones de patrimonios y herencias.