El proyecto de presupuestos mantiene la tradicional distribución de recursos con un leve crecimiento en todas las partidas. La Sanidad, como todos los años, es la que se lleva más recursos, casi 30 millones de euros más que el pasado año. El crecimiento del gasto en la salud es una variable imparable desde que se transfirieron las competencias sanitarias al Principado. El aumento en la Educación es muy inferior (nueve millones), no sólo en términos absolutos, sino en relativos. En cuanto al salario social el incremento es superior al 10%; cuando andaba por los 45 millones, la clase política hacía aspavientos sobre la insostenibilidad de la prestación; ahora, con el Gobierno apoyado por sólo 14 diputados, nadie rechista, se ponen diez millones más sobre la mesa y a callar. En las cuentas sigue siendo la ‘Consejería de la Deuda’ la tercera en absorber recursos, 445 millones. Es paradójico: presumimos de tener unos fuertes servicios sociales, y resulta que dedicamos más dinero a amortizar créditos y pagar los correspondientes intereses que a la Dependencia, el salario social, la teleasistencia, los geriátricos, los centros de día, y todo el largo listado de ayudas de nuestro cacareado Estado del Bienestar.

El proyecto es netamente continuista, producto de una acción de gobierno que no desea introducir cambios en la estructura de la Administración, que es la causante de un gran gasto corriente, ni en los programas que desarrolla. La inversión es la gran olvidada de las cuentas, un hecho que contrasta con la necesidad que tiene el mercado de trabajo de un mayor impulso público. Desde el punto de vista subjetivo, que es el correspondiente a los partidos parlamentarios, siempre con sus estrategias partidarias a cuestas, la valoración del proyecto debe coincidir con la realizada el pasado año. El proyecto confeccionado por Dolores Carcedo tiene las mismas carencias e idénticas fortalezas al de 2015. IU debería tener dificultades para no apoyarlo, mientras que el resto de partidos les resultaría natural votar en contra. Eso fue lo que decidieron hace once meses ante unos presupuestos que apenas diferían de los presentes.

PSOE e IU siguen negociando. Gaspar Llamazares y sus compañeros piden un plan de rescate social, una propuesta que puso de moda Podemos en su programa electoral municipal. También exigen más impuestos medioambientales. El PSOE puede aceptar todas esas demandas. Podemos decidirá.