El calendario, con su paso inexorable, toma decisiones por los partidos políticos. La larga negociación entre los tres grupos de izquierda (PSOE, Podemos e Izquierda Unida) concluirá el lunes cuando el Gobierno registre el proyecto presupuestario en la Junta General del Principado. A partir de entonces se podrán introducir cambios en los gastos, pero los ingresos son inamovibles. La mayor parte del diálogo versó sobre modificaciones fiscales, así que o se cierra algún acuerdo a lo largo de la semana o la suerte del proyecto presupuestario estará echada.

A estas alturas la coincidencia entre PSOE e IU es prácticamente absoluta. Están de acuerdo en poner una tasa a las bolsas de plástico –que al final recaerá sobre la cartera de los consumidores– y en gravar las emisiones a la atmósfera, así como la producción de residuos contaminantes. En la cuestión de los impuestos medioambientales confían en que el Gobierno central ponga una tasa a las bebidas carbonatadas. Si les parece bien ese impuesto, no entiendo por qué razón no utiliza el Principado su propia competencia fiscal para implantarlo. Los gobiernos autonómicos siempre se han comportado como menores de edad esperando que el Estado asuma las subidas de impuestos y ellos se lleven la parte que les corresponde sobre la recaudación, sin exponerse a la crítica de la opinión pública. Los impuestos medioambientales son una propuesta de IU que el PSOE no le queda otro remedio que aceptar para propiciar el acuerdo. Dejando a un lado las razones tácticas que llevan al consenso, se puede afirmar que la fiscalidad verde tiene más contenido político que eficacia económica. Sobre el Impuesto de Sucesiones, PSOE e IU también están de acuerdo, aunque Gaspar Llamazares pone como condición que la reforma no implique recaudar menos. Los socialistas han calculado que con la elevación del mínimo tributable se perderán 20 millones de euros. Un detalle que no tiene suficiente entidad para que se pierda la sintonía entre los dos grupos.

La clave de la negociación está en el diálogo bilateral entre PSOE y Podemos. A diferencia de lo que ocurre con Gaspar Llamazares, Emilio León mantiene discrepancias con el Gobierno. No cree en los datos suministrados sobre la deuda y critica las supuestas inversiones que se concentran en pagar las deudas de la Zalia y Sogepsa. Las inversiones financieras no generan empleo. Sospecho que esto solo lo puede salvar Cherines.