Desde el Consejo Económico y Social se recomienda al Principado que los 23 millones de euros extra que va a tener la Consejería de Hacienda, al elevarse el techo de déficit del 0,3% del PIB a 0,6%, se destinen a inversión. La misma petición que los sindicatos y la Federación Asturiana de Concejos. Todos los que no criticaron duramente la escasa inversión del proyecto de presupuestos de Javier Fernández recomiendan ahora que el dinero extra sirva para impulsar la actividad económica. El problema no es lo que haga o deshaga el Ejecutivo socialista con 23 millones, sino el silencio generalizado que hubo ante el reparto de más de 4.200 millones, realizado por el Principado, de los que poco más de 300 se dedican a inversión. Aquí la prioridad es el llamado gasto social y el empleo sólo se trata en clave de subvención. Las políticas activas quedan relegadas porque el establishment asturiano no cree en la inversión productiva, sino en los programas paliativos para todos los desfavorecidos. Es un mecanismo perverso que convierte a la sociedad en rehén de las instituciones. En los momentos difíciles se le da una vuelta de tuerca a la imposición fiscal (ahí está la subida de los Impuestos Especiales y, a corto plazo, le tocará el turno al IVA) y el Estado benefactor se queda con más recursos, mientras la sociedad, empobrecida por la crisis, paga el diezmo.

Lo más preocupante no es lo que digan sindicatos, alcaldes u organismos de asesoramiento, sino la práctica y el discurso de los grupos de oposición. No vale que muestren, como coartada, las enmiendas parciales que presentaron al presupuesto. Si hubieran sentido que elevar la inversión pública era una necesidad insoslayable lo hubiesen hecho saber en el periodo de negociación de las cuentas. En esta ocasión, con la excepción de Foro, que debió tener una reunión meramente protocolaria con el Principado, el resto de grupos parlamentarios hablaron extensamente con el Gobierno socialista, sin introducir la cuestión de las inversiones en la agenda de las prioridades.

El viernes se votan las enmiendas parciales en la Cámara. Por lógica, habrá una mayoría de escaños que dará cobertura a las propuestas de PSOE y PP. También a las de Ciudadanos, aunque veremos en qué medida. Las cartas ya están marcadas. Tanto aspaviento por el uso que se dé a 23 millones carece de sentido, cuando parlamentarios y extraparlamentarios hicieron de la inversión un asunto de poca monta.