Dentro de quince días se celebrará la Conferencia de Presidentes, una cita creada por Zapatero que la mayoría absoluta de Mariano Rajoy envió al desván de las cosas inservibles. En la presente legislatura la necesidad de recurrir a pactos para tomar decisiones hizo que la Conferencia de Presidentes sea vista por el Gobierno del PP como un instrumento esencial para definir la arquitectura institucional española. Soraya Sáenz de Santamaría considera que en ella se pueden tocar asuntos como el empleo, los futuros debates de la Unión Europea y la sostenibilidad del sistema del bienestar. Tras esas formulaciones genéricas, ya se sabe que se discutirá sobre las orientaciones básicas del nuevo sistema de financiación territorial, cuestión demandada por diferentes líderes regionales del PP y del PSOE.

Rajoy perdió la ocasión de revisar el modelo de financiación en su primer mandato, cuando el PP gobernaba en once comunidades autónomas y la Generalitat planteaba por primera vez la posibilidad de convocar una consulta sobre el llamado ‘derecho a decidir’. En otoño de 2012, Artur Mas exigió a Rajoy un sistema fiscal para Cataluña similar al del País Vasco, con plena soberanía sobre los impuestos; la negativa del presidente facilitó el abandono de la vía autonomista y la asunción de la estrategia independentista. En aquellos años hubiera sido bueno que estuviese abierta la negociación sobre el modelo de financiación territorial para evitar la ruptura.

Acordar un sistema de financiación para las comunidades autónomas es una de las tareas más difíciles que se pueden abordar en la política española. Cada vez que se abre el melón de la financiación cuesta más trabajo consensuar un solución. Hasta la fecha, los acuerdos se basaron en dos premisas: la aportación del Gobierno de dinero extra –para aceptar el actual sistema, el Gobierno de Zapatero tuvo que poner 11.000 millones de euros más sobre la mesa- y la aceptación de las comunidades autónomas de la negociación multilateral, estando todas representadas en la misma mesa. En la actualidad no es fácil transferir más dinero desde el Estado a las regiones, y la Generalitat, en coherencia con la apuesta independentista, ya ha anticipado que no va a participar en la negociación. Más aún: Puigdemont y Urkullu no asistirán a la Conferencia de Presidentes. Con estos antecedentes cuesta sentirse optimista, aunque me encantaría estar equivocado.