IU, Foro y Ciudadanos piden a Javier Fernández que acuda a la Junta General del Principado para fijar una postura conjunta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. La petición no es producto de una improvisación, sino la continuación de una política que se había iniciado en la anterior legislatura, cuando tras un debate en el pleno del Parlamento se acordó la constitución de un grupo de trabajo que tras varias reuniones interrumpió su labor por falta de interés del Gobierno socialista en llegar a un resultado concreto.

El PP guarda silencio, ya que su política, en esta cuestión, se encuentra condicionada por los intereses del Gobierno de Rajoy. Podemos se muestra reticente al considerar que los socialistas no tienen interés en desarrollar esta iniciativa. En cuanto al Principado, manifiesta que va a realizar la convocatoria, pero sin prisas, más adelante. Cualquiera que haya seguido el día a día del Ejecutivo asturiano sabe que dar largas es una de las maneras que utiliza para manifestar el rechazo.

Tenemos una propuesta que, por unas razones u otras, no cuenta con el apoyo expreso de 34 diputados (PSOE-PP-Podemos), así que en las actuales condiciones no tiene muchos visos de prosperar. Sin embargo, la iniciativa es un acierto y merecería el concurso de todos. La negociación de los modelos de financiación autonómica es una operación muy larga y compleja, con dieciséis interlocutores (Gobierno central y quince comunidades autónomas). Cuando el proceso se vuelve denso, el papel de regiones como Asturias queda diluido. No estoy hablando de un futurible, sino de lo que ya pasó. Destacan las voces de Cataluña, Andalucía o Madrid. Los demás son comparsas, y más aún las comunidades uniprovinciales con escasa población. De cuando en cuando se oye decir que Asturias quiere que se pondere más el envejecimiento y la demanda queda sin respuesta. Pensemos que en esta ocasión se da la particularidad de que la negociación se hace con el PP gobernando en España, lo que deja aún más desamparado al Principado. Se podrá objetar, y con razón, que en estos momentos Javier Fernández tiene un nivel de interlocución muy alto con Rajoy, por el giro que ha dado desde la gestora del Partido Socialista, así que podrá hacer valer su criterio. El problema está en que la plataforma de poder de Javier Fernández se acaba dentro de cuatro meses y el modelo de financiación no quedará definido hasta dentro de uno o dos años.